Sin embargo, la lucha por el reconocimiento de la
organización de Isabel Sansores se ha topado con un obstáculo que va más allá
del terreno jurídico, sino que por la conveniencia de no perder los intereses
políticos o económicos, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
para los Trabajadores al Servicio del Estado, Edmundo Alzina Campos, se muestra
recio y terco a no reconocerles ese derecho.
En primera instancia, como lo marca el respeto al Estado de
Derecho, la agrupación solicitó su reconocimiento a Tribunal mencionado que se
dedicó a analizar la propuesta, siendo su primera resolución la negativa por no
estar sus objetivos de acuerdo a lo que debe buscar una organización sindical
de acuerdo a la legislación en la materia. Como respuesta, más de 100
trabajadores recurrieron al amparo por el Juzgado III de Distrito que les fue
otorgado para solicitar a Edmundo Alzina Campos una respuesta más a fondo de
las irregularidades por la cuales éste les negó.
Inmediatamente Alzina Campos salió a decir a cuanto medio de
comunicación le preguntará las irregularidades: que no acreditó la asamblea
constitutiva, que faltó una firma, que no estaba plenamente sustentado, que iba
a cumplir en tiempo y forma.
Pero en la realidad, ni cumplió en tiempo y forma, ya que
recibió un apercibimiento del Juzgado Federal por no devolver una respuesta, y
lo que resulta risible, se declaró INCOMPETENTE para conocer del caso.
La pregunta lógica es ¿por qué desde un principio, Edmundo
Alzina Campos, no hizo esa declaratoria de incompetencia al conocer del caso?
¿Cuál es el respeto que debe el hoy Presidente del Tribunal a los trabajadores
que solicitaron, como le corresponde por derecho, el reconocimiento de la
organización sindical? ¿Acaso no se da cuenta que llevó a esos trabajadores a
perder el tiempo por más de cinco meses la lucha por su libertad y dignidad
laboral? ¿En dónde se encuentra su ética y valores, su profesionalismo?
Es cierto que ya contesto y que el Juzgado III de Distrito
notificó a Isabel Sansores y todos y cada uno de los trabajadores de la
respuesta de Edmundo Alzina Campos. Del documento legal se desprende “… de que
se señala que la responsable (entiéndase el Tribunal) no funda su incompetencia
para registrar el citado sindicato, en razón de los alcances de la ejecutoria
de amparo versaron sobre vicios formales, dejando a salvo sus derechos para
hacerlos valor como en derecho le corresponda”
En otras palabras, que no está del todo claro la
fundamentación por la cual Edmundo Alzina Campos se declara incompetente para
otorgar el registro. Además, aunque se da por cumplida la ejecutoria de amparo,
el Juzgado III de Distrito le otorga CINCO DIAS al grupo de Isabel Sansores
Dorantes para manifestar a los que a sus “intereses convenga, apercibida que de
no hacerlo así, se tendrá por consentida la presente notificación y se ordenará
el archivo el expediente en que se actúa”
Para ser más claros, Edmundo Alzina Campos miente para
confundir a los interesados, los trabajadores, al afirmar que el juzgado federal
ya le otorgó la razón completa y tiene archivado el caso. Éste aún está abierto
hasta escuchar lo que el grupo de Isabel Sansores tiene que decir al respecto,
en los tiempos y forma especificados en la notificación del Juzgado III de
Distrito.
Pero ahora resulta que Edmundo Alzina Campos no tiene ningún
descaro de aparecer en la mesa de presídium de un encuentro de delegados del
sindicato del panista Jervis García y continuar hablando de la carencia de
sustento jurídico de la lucha de Isabel y su grupo y que el amparo ya está
archivado. Inclusive recomienda que los trabajadores mejor regresen al
sindicato de Jervis García… ¡Hágame el favor!
Ahora resulta que el que debe ser juez se convierte en parte
entrometiéndose en la vida interna de los sindicatos: sus recomendaciones y
consejos están fuera de lugar.
Pero su actuación comprueba que hay intereses
extrajudiciales del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para
los Trabajadores al Servicio del Estado, Edmundo Alzina Campos y el líder del
sindicato de burócratas, Jervis García Vázquez.
Que ya no le mienta más a la ciudadanía, ni a la Gobernadora
del Estado, Ivonne Ortega Pacheco y que ambos ventilen públicamente que los une
para actuar en confabulación en contra de la libertad sindical.
El día domingo, en un portal de noticias de Internet, que
por cierto se ha dedicado a defender a Jervis García y al mismo Edmundo Alzina
Campos con notas favorables a sus intereses y con mentiras e información
totalmente ajena al caso, publica una nota donde se afirma “que un numeroso
grupo de presidentes municipales de filiación príista denunciaron ante la
gobernadora del Estado, Ivonne Ortega Pacheco, que están siendo víctimas de la
extorsión por parte de empleados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para
los Trabajadores al Servicio del Estado”.
Estos denunciaron que se les exige “una iguala mensual más
el porcentaje de lo que señale el laudo del Tribunal o la preparación de
comidas que se les tiene que enviar desde los municipios para sus fiestas privadas”
¿Es Edmundo Alzina Campos ajeno a lo que sus empleados
realizan a nombre del Tribunal para extorsionar a los Alcaldes?
Pero lo que es más importante, si la información es veraz y
ya está la situación en el conocimiento de la Gobernadora ¿qué se espera para
tomar una decisión y hacer algo al respecto?
Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.
