Al inicio de su gestión, en 2006, el presidente del empleo se
desvió de su prioridad laboral y se enfocó hacia el combate a la
delincuencia. Si bien muchos celebramos la decisión de las autoridades
en la búsqueda de una sociedad más segura; sin embargo, a la fecha el
desencantó ante los pobres resultados y la creciente escalada de
violencia que ya no es ajena para otras naciones amigas de México, ha
creado un sentimiento de desconfianza con la consecuente crítica hacia
las acciones emprendidas por el ejecutivo de la nación. Acrecentadas
éstas por la incómoda presencia del ejército en los operativos, lo que
algunos cuestionan la aparente violación de los derechos humanos de los
ciudadanos.

La situación ha caído ya más allá del asombro. Como popularmente se
dice: la realidad ha superado la ficción. Es por ello que Felipe
Calderón emprendió en días pasado unos diálogos para convencer de que la
lucha contra la delincuencia organizada es tarea de todos. No obstante,
el llamado no tuvo todo el eco esperado ya que lo que faltado en esta
tarea es articular todos los organismos del estado no sólo los federales
sino de los otros niveles de gobierno, los estatales y los municipales.

De tal manera que vemos como el ejecutivo para ganar legitimidad apostó
en la lucha contra la delincuencia sin contar con todo el marco legal,
que emana del poder legislativo, y lo peor, sin mejorar los procesos
judiciales para hacer más pronta y expedita la procuración de justicia,
donde el delincuente realmente pague por su infracción a la ley, sin
impunidad ni corrupción.
Si nos vamos más hacia abajo en la pirámide del poder y gobierno, bien
es sabido que operaciones de elementos federales y del ejército han sido
a espaldas de los gobernadores o presidencias municipales. Con la
justificación de la limpieza de las casas de quienes persiguen el delito
se ha violado la autonomía de las entidades federativas, desarticulando
acciones compartidas entre los niveles de gobierno que sumen esfuerzos.

¿Es el combate de la delincuencia organizada una política y acción del
Estado? En lo personal no lo veo así. No se ha logrado el consenso entre
todas las entidades de poder que conforman al Estado mismo, como
tampoco de los actores políticos y sociales, y menos, de los ciudadanos.
¿Quién se atreve a denunciar a un conocido delincuente con la seguridad
de que se resguardará la integridad física de uno? Con procesos
judiciales que además exigen testigos ¿quién es el valiente que ante una
autoridad judicial cumpla con esa encomienda? Entonces ¿cómo acreditar
la imputabilidad del señalado como presunto responsable de un delito?

No es posible confiar si vemos, por ejemplo, como hoy está desaparecido
el agente del ministerio público que en Tamaulipas estaba integrando el
expediente de los 78 indocumentados asesinados.

Calderón, ante su obligación constitucional de rendir un informe, que
por cierto será por escrito sin el diálogo que se le exige con los
representantes de los ciudadanos, insiste que es tarea de todos el
combate de la delincuencia. Posiblemente lo sea en su propia mente o
mundo, porque los mexicanos no lo vemos así.

Al contrario, observamos a un presidente muy debilitado, desesperado,
sin control de la nación, mucho menos, sin el liderazgo que como
responsable estadista sumaría los esfuerzos hacia los fines que la misma
nación demanda, es decir, los miembros del Estado comparten.

Hoy no se ve rumbo definido en esta lucha que cada día se tiñe más de
sangre de gente inocente, familias que sufren el dolor de la pérdida y
de miles de mexicanos que ya viven en el temor, la incertidumbre y la
zozobra.


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