Lo que es más importante ¿puede el sistema jurídico electoral soportar las cargas y fuerzas de tensión que se polarizaran durante el proceso electoral?En estos días se ha dado a conocer que en Senado de la República se inicia la discusión de la reforma de estado con la modificación de 16 artículos constitucionales, que contemplan la posibilidad de las candidaturas independientes y la reelección inmediata de diputados.



No es discutible si las medidas sean buenas o malas. Ambas tiene un sentido democrático en la consolidación de un sistema que permita darle la oportunidades a todos, no sólo por la vía institucional partidista, como también, el compromiso de los legisladores que sería medido en un proceso electoral que funcionaría como referendo del trabajo que cada uno realice en un periodo.



Sin embargo, las condiciones del país no lo hacen del todo viable. En el caso de la primera se correría el riesgo de que grupos de la delincuencia organizada intervengan directamente en el proceso electoral. Ellos han demostrado que han podido más contra el Estado. No olvidemos que el perredismo quiso proteger a un diputado, hermano del gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, que había sido denunciado por hacer tratos con grupos delictivos, evidenciado en grabaciones de teléfono hace apenas dos años.



¿Podríamos tener la tranquilidad que el proceso electoral abierto más a la ciudadanía llegue los que deben llegar sin vicios que podrían desestabilizar más al país?



Con respecto a la reelección de diputados, se podría caer en la construcción de auténticos cacicazgos que tanto han afectado al país en un pasado no muy lejano. Lamentablemente, como si se tratará de la Ley de Herodes – para el pueblo – el político mexicano no tiene arraigada la cultura de la rendición de cuentas y si el control y manipulación política entorno al culto de la persona que se promueve en su demarcación, limitando con ello más la participación de otras propuestas no sólo de oposición sino también dentro de su propio partido.



Pero más allá de estos elementos, la ley ha creado tantos candados electorales en el manejo del financiamiento, cuando al final todos los partidos políticos han encontrados las fórmulas para caer en el exceso sin que éste sea plasmado eficazmente en los reportes de gastos, con lo que la responsabilidad jurídica nunca llega a la justa medida de lo que perceptiblemente capta el ciudadano.



Colateralmente se han creado controles para evitar los actos políticos masivos que fomentan las prácticas de acarreo, lo que condiciona que los candidatos busquen el contacto más directo con la ciudadanía, pero al final, no es más que una forma de ocultar más fácilmente gastos onerosos al diluir la actividad proselitista en la individualización Masivamente es fácil saber cuánto se gastó, sin embargo, de uno en uno, los demás pierden la conciencia de lo que realmente se gasta.



Sin embargo, la spotización, ahora controlada desde el IFE, abrirá un capítulo de confrontación directa que puede viciar el cansancio del ciudadano ante mucho ataque sin propuestas o análisis crítico de la realidad.



Para concluir queda la pregunta del millón que se relaciona con la credibilidad del árbitro, el Instituto Federal Electoral, que si bien logró salvar la elección federal intermedia, en la organización y control de la elección presidencial hace seis años dejo más dudas que claridad, cuando puso en riesgo no sólo el resultado sino la estabilidad política del país.



¿Es ésta la herencia y legado a doce años de que los mexicanos confiaron en que era posible un verdadero cambio en el sistema político?… eso sólo los resultados y el tiempo lo dirán.


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