Analicemos más profundamente la situación.

Sin duda, lo que menos los ciudadanos queremos es que los integrantes en la dirección, secretarías, autoridades en un regimen de gobierno lucren desde sus puestos para beneficio personal.
Mucho se ha avanzado en materia de transperencia y rendición de cuentas públicas. Antes no existía los controles internos ni externos alrededor del gasto público. La consecuencia era previsible: las erogaciones no tenían ningún mecanismo de supervisión que permitía que los gobiernos ejecutaran los mismos con libre discreción.

Ahora las cosas están cambiando con la automotización gracias a los sistemas informáticos que permiten operaciones y regulaciones de las mismas más eficaces y eficientes. Precisamente en este año desapareció la factura impresa que se cambio con la electrónica. Lo que fácilita al órganos gubernamental, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, no sólo contar con la infomación de cuanto se capta en línea, como también, supervisar las operaciones monetarias para mejorar la recaudación.

Es precisamente la SCHP, la única dependencia gubernamental que guarda el padrón nacional de contribuyentes. Al cual las personas físicas o morales se dan de alta según la naturaleza de sus actividades económicas por las cuales adquieren determinadas obligaciones que si no cumplen son susceptibles de sanciones pecuniarias o corporales de privación de la libertad. En contraparte a esa suscripción, el ciudadano recibe una constancia que lo acredita como contribuyente, sus obligaciones, y lo que es importante para este análisis, el domicilio conocido como fiscal donde recibirá las notificaciones que surgan de su relación son la dependencia recaudatoria.

El gobierno, por lo tanto, como institución de buena fe, si un ciudadano acude a promoverse como proveedor de servicios o producto está obligado a dar facturas, instrumentos que sólo pueden ser emitidas por las personas físicas o morales que la SCHP ya autorizó para el caso. Se parte del supuesto de que al emitir el documento comprobatorio hay razón suficiente para los datos que ahí mismo están consignados.

Lo que suceda con los datos de identificación como el domicilio fiscal, si está avalado, reconocido y autorizado por la institución recaudatoria, no hay motivo para sembrar dudas al respecto.
En la práctica, una de las formas de evasión de posibles consencuencias de incumplimiento es proporcionar domicilios fiscales en casa ajenas a los negocios. En la prevensión de un no poder cumplir con las obligaciones fiscales y ser sancionados con embargos, un domicilio fantasma resulta atractivo para proteger el patrimonio.

No es lo correcto sin duda, sin embargo, quien debería combatir estas prácticas es la misma dependencia recaudatoria. No son las autoridades del gobierno que asumen por principio de buena fe, si se presenta una documentación en regla avalada, sellada y firmada por la SCHP, las que debería hacer un trabajo que no le corresponde.

Para ampliar la investigación sobre lo que se denuncia, es necesario investigar si las empresas o personas a quienes hoy se acusa pagan o no impuestos. Si lo hacen, entonces no es cuestión de falsedad en las facturas. Si no lo hacen, entonces estamos ante otro problema que no ha podido solucionar la autoridad competente para investigar, acusar y representar los intereses públicos ante el fraude del supuesto contribuyente, que insisto es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.

 

 

 

 

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