Protestar es un derecho legal que el ciudadano tiene para exigir sobre lo que considere necesario defender. Ahora, en el actual sistema político hay oportunidades reales para no sólo protestar, sino también, de hacer valer lo que se pretende conseguir. Contra la corriente de lo mucho que se critica hoy hay medios institucionales y mediáticos para ser escuchados.

Sin embargo, tampoco se puede caer en la ingenuidad ni en el exceso que altera la paz y la estabilidad social. Lo que es peor, no generar con las acciones de protesta la simpatía social hasta de quienes están en una percepción diferente de la posición que la origina.

Eso fue lo que paso el miércoles pasado, cuando en plena inauguración de los festejos del Día del Juzgador, que en su tercera edición se eligió a Yucatán como sede nacional. Una simpatizante del PAN no le importó interrumpir la sesión protocolaria para hacerle entrega al ex ministro Mariano Azuela unos documentos con las denuncias sobre hechos por todos conocidos que han sido bandera para polarizar a la sociedad yucateca en contra del Gobierno del Estado.

No hay duda que el ejercicio de la protesta es válido. Sin embargo, cuando se hace golpeando la puerta, interrumpiendo un acto, con gritos y sin mediar un respeto a la institucionalidad, el resultado es el rechazo de quienes ahí se encuentran.

Pero lo peor es que los documentos que le fueron entregados a Mariano Azuela, que los aceptó por simple cortesía, incluía una serie de nombres entre los que se mencionan a José Luis Sierra, Patricia McCarthy, Yazmín Gaspar, Alejandro Abud entre otros, sin que en ningún caso se acompañe de firma alguna, por lo menos de quien se hace responsable del documento.

¿Acaso no hay abogados en el movimiento para que, por lo menos, se cubran formalidades básicas que den validez a un documento denuncia?

¿Por qué se entrega sin firma? ¿Acaso no hay nadie que se asuma como responsable del contenido?

Un abogado con media de conocimiento sabe la importancia de la firma, que hace ratificar el contenido de un documento. Igualmente importante es la dirección para que se pueda notificar, por lo menos, a la persona del resultado de la petición hecha.

En los documentos que después fueron distribuidos a la prensa, ni dirección, teléfono, o mínimo, correo electrónico aparecen en algún lugar entre ellos.

Me imagino que dentro de algunos días los medios afines a este movimiento estarán reseñando las quejas porque estos grupos no reciben ninguna respuesta de las autoridades… pero ¿cómo pueden ser notificados si no hay dirección para “oirlas o escucharlas”? Al parecer la intención es hacer escándalo y ruido sin que se tengan los elementos de sustanciación que validen el reclamo exigido.

Por lo tanto, más allá de verdadera defensa de los intereses ciudadanos y hacerlas valer en justo y estricto derecho hay una evidente necesidad de ventilar mediáticamente las pretensiones, de armar alboroto, de alterar la paz y la armonía social, el correcto camino de la sociedad.

No se pide que sean mahatmas gandhis, pero si que aprendan de la historia política. Es fácil, por la misma lista de nombres, algunos ya citados, que no son ciudadanos comunes, sino gente de marcado activismo político, inclusive asesores del PAN como es el caso de Patricia McCarthy que lo puede poner en su curriculum vitae al asesorar presidencias municipales panistas, que se nota que en su desesperación no encuentran el camino para realmente hacer valer sus pretensiones, como afirme, logrando obtener la simpatía de la sociedad al proyectarse, así de simple, como provocadores y alborotadores.


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