México ha sido trastocado su tejido social como resultado del combate a la delincuencia organizada que emprendiera Felipe Calderón. En varias ocasiones hemos sostenido que atrás de cualquier asesinato hay una historia de dolor. En un Estado moderno, respetuoso de los derechos humanos esenciales, como lo es la vida y la dignidad humana y colectiva, no se justifica ningún asesinato, por más que sea la consecuencia de una conducta delictiva. Atrás de cada uno siempre hay una historia de dolor y de drama familiar, mucho más cuando es sin sentido, producto de la circunstancias, ajeno a la realidad delictiva.
Loable quienes enmedio del sufrimiento decidieron actuar para que la muerte de los seres queridos no fuera en balde. Familias enteras alzaron la voz en contra de más derramamiento de sangre. No era una cuestión de claudicar en la lucha por lograr una sociedad más segura; pero los resultados que se obtenían, cada vez más violentos sin respetar la vida de los terceros ajenos, preocupaban cada día más a los mexicanos que veían que las calles, los cines, los parques y restaurantes se convertían en lugares inseguros.
Pereció que el gobierno escuchó por momentos a esa sociedad organizada que le pedía un mayor compromiso para atender a las víctimas de los delitos. Se organizaron foros donde acudió el entonces presidente Felipe Calderón. Uno de los compromisos subsecuentes fue legislar a favor de las víctimas de la delincuencia organizada. Atender con ello las necesidades de quienes sufren del asesinato, la extorsión, el secuestro, los que son víctimas de los fuegos cruzados en los enfrentamientos entre las bandas y los cuerpos de seguridad.
El legislativo hizo la tarea. Discutió y aprobó una Ley General de Víctimas que recogía los intereses de quienes ya habían resultado afectados. Se esperaba y se confiaba en que sería un instrumento legal que dotará al Estado de elementos para estar a lado de las víctimas inocentes, de la sociedad civil, de las familias y ciudadanos.
Sorpresa fue el anunció del veto presidencial. Bajo el argumento de tecnicismos Felipe Calderón la rechaza y envía una controversia constitucional que molesta e incomoda a la sociedad, mucho más a quienes habían luchado por ella, y por la palabra presidencial, habían confiado en que sería una realidad.
Ahora, como presidente constitucional, Enrique Peña Nieto toma ordena a la Consejería Jurídica de desistir en la controversia constitucional. Asume la responsabilidad de promulgar una ley que la sociedad ha exigido, que le hace bien a México por ser necesaria para restaurar el tejido social de la nación.
El mismo ha reconocido que la ley no es perfecta. Sabemos todos que ninguna lo es. Para eso existen los poderes del Estado para adecuar los marcos jurídicos a cumplir los principios del derecho, cubrir las necesidades sociales cambiantes y establecer mejores mecanismos e instrumentos para que el Estado pueda actuar en cada uno de los casos que legisla.
Se ha escuchado el reclamo social. Tanto dolor no puede ser olvidado por el gobierno, por lo que Enrique Peña Nieto toma distancia ante la insensibilidad y falta de palabra de Felipe Calderón, asume su responsabilidad como jefe de Estado y toma una decisión valiente y comprometida.
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