El caso fue de Florance Cassez, sin embargo, lo que siempre estuvo en juego la credibilidad procesal del Estado Mexicano. Si en algo no ha existido una mejora substancial, basado en los principios modernos de legalidad y profesionalismo, ha sido en la investigación policiaca. A manos del Poder Ejecutivo ha sido la averiguación previa y la procuración de justicia penal un instrumento para maniatar la verdad legal, y con ello, imponer sanciones sin importar la inocencia, ni los medios adecuados parar realmente valorar la supuesta conducta delictiva.
En los últimos años, previo a la discusión de la Reforma Penal del 2008, juristas mexicanos han insistido en la necesidad de reestructurar el sistema de procuración de justicia, especialmente en lo que corresponde a la materia penal, una rama del Derecho Público que intenta salvaguardar en última instancia la seguridad y el ejercicio de la libertad en la sociedad. Como resultado de los cambios en el 2008 se sabe que el Poder de Gobierno en los niveles federal y estatales deben encauzar esfuerzos que modifiquen el ordenamiento penal en las competencias correspondientes. Hay quienes hay delimitado la reforma al establecimiento de juicios orales; sin embargo, esto es sólo parte de una nueva forma de actuar de las autoridades perseguidoras y sancionadoras del delito.
En un antes, no importaban tanto las pruebas, ni los peritajes, ni la debida investigación. Bastaba que la autoridad persecutora de los delitos, el Ministerio Público, determinará quién resulta ser el presunto culpable, para que todo el sistema penal, investigadores, peritos hasta jueces y magistrados llegará a la misma conclusión. El Ministerio Público considerada como institución de buena fe, no daba lugar al cuestionamiento de sus resoluciones.
Con los cambios se implementan controles constituciones para evitar que tanto las víctimas como los acusados sean vulnerados en sus garantías constitucionales. Como bien decía un abogado, no es una cuestión de determinar si uno elige un caso a defender de una acusación la convicción de inocencia o culpabilidad, sino la debida y correcta aplicación de la ley, sus principios, actuaciones y procedimientos definidos en ella.
Con Cassez, que no salió exonerada de un delito, pero si protegida por la Constitución Política por la indebida extralimitación de los autoridades que para quedar bien con la sociedad montaron un espectáculo mediático que afectó substancialmente el proceso penal, que a la postre, llevó a la Primera Sala de la SCJN sentenciar a favor de la liberación de Florance Cassez. La cuestión fundamental no era la inocencia o culpabilidad de la procesada. Hasta cierto punto ella fue condenada y sentenciada a recibir una pena corporal por el delito que cometió. Lo que pasó es que fueron tan significativas los errores de las autoridades en el proceso, que como resultado, provocan un estado de indefensión al violentar el marco legal vigente. Situación que es difícil de entender o justificar para el ciudadano común. Para ellos el caso es indignante y que además abona a la incredibilidad de las instituciones jurisdiccionales del país.
En la verdad de los hechos, aún cuando se le hubiese concedido el amparo para efectos, por la consecuencia de limpiar de los vicios procesales, el resultado final de la apertura a nuevo juicio debería haber llegado a una liberación por inocencia al tener que descartarse las principales pruebas que ya estaban procesalmente viciadas.
Por lo tanto, más allá de la indignación, superando la emoción por la racionalidad, hay que enfocarse al planteamiento de la nueva pregunta ¿Hay responsables que deben pagar ante la sociedad y las víctimas por esta decisión de la SCJN?
Claro que los hay. El problema es que la clase política ha sabido como acomodar las leyes para pretender proteger a la autoridades de sanciones. Esa es la verdadera impunidad que más lástima al ciudadano y a la sociedad, que nos hace indefensión ante la acción coercitiva de las autoridades.
La decisión del caso ya fue un hecho consumado. Como resolución final ya no operó ningún recurso para destruir la decisión de la SCJN.
Lo que nos queda a los mexicanos es avanzar más en la reforma penal que si presupone la inocencia y delimita la acción de la policía investigadora a garantizar un debido proceso. Superamos la indignación inicial para dar cabida a la racionalidad que nos lleve a tomar mejores decisiones para que no se vuelva repetir un caso como el que ahora nos ocupa.
Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.
