No existen países pequeños. La grandeza de un pueblo no se mide
por el número de sus habitantes, como no se mide por la estatura
la grandeza de un hombre.
Victor Hugo
Es común que se diga que el municipio pertenece a un tercer nivel de la estructura de gobierno del Estado mexicano. El primero lo constituye el gobierno federal, seguido por el estatal, que a su vez, se divide en municipios. De tal manera, que la realidad municipal queda relegada de una supuesta importancia representativa como sí se le considera al primer nivel de gobierno.
En total México se divide en 2,457 municipios y en 16 delegaciones que corresponden al Distrito Federal. Constituye una estructura básica de la organización del Estado, ya que con un territorio delimitado se convierte en una forma de organización política esencial para la consecución de las necesidades básicas de los pobladores que la habitan.
Como todos sabemos la autoridad principal de un municipio radica en un cuerpo colegiado, llamado Cabildo o Ayuntamiento, conformado por regidores de los diversos partidos políticos que participan en un proceso electoral. Comúnmente tenemos la imagen del presidente municipal, sin embargo, éste es sólo una figura representativa de la firma de poder de un Ayuntamiento. En sentido estricto, las decisiones se deben tomar en el seno del Cabildo, donde todos los regidores tienen voz y voto para hacer valer sus pretensiones y exigencias que después debe cumplir el primer regidor, es decir, el presidente municipal.
En la nueva realidad política mexicana con la consolidación de la alternancia en el poder, los cortos periodos de gobierno de tres años constituyen en la práctica serios obstáculos para sentar bases firmes de desarrollo social, político y económico del municipio. Es fácil pretender justificar que un cambio de partido en la representación de un municipio provoca el cambio de sentido y dirección en las políticas y programas municipales. En el caso de Mérida, la experiencia nos dice que ni siquiera gobiernos municipales de un mismo partido político, como lo fue el PAN durante 20 años ininterrumpidos, es una garantía de conservación de programas o acciones de gobierno más allá del periodo de gobierno de un presidente municipal determinado.
La situación se agrava cuando se cambia de partido político. Desde la interrupción de los programas de desarrollo, directrices y políticas que han mostrado su efectividad en la solución de los problemas, así como también, de las acciones de construcción de infraestructura que no se pueden completar en los tres años se interrumpe y los despidos por ser trabajadores entintados con un color político determinado. Por ello, las cosas entonces se estancan y se pierden oportunidades para consolidar la superación de retos sociales que afectan a la población que conforma la sociedad.
Debe quedarnos claro que en la medida que un municipio pueda ser fuerte, esa fuerza impactará al Estado… y un Estado fuerte, sin duda hace un país fortalecido. Según el artículo 115 de la Constitución Política Mexicana el municipio es libre y es responsable de procurar los servicios públicos como recolecta de basura, alumbrado público, policía, cementerios, parques, entre algunos otros, que como exigencia de la población deben procurarse eficiencia y eficacia para elevar la calidad de vida de la sociedad. Pero el problema es que por esa voracidad de los que ganan el periodo de gobierno municipal, por la carencia de un verdadero compromiso democrático, hoy hay municipios que no cumplen cabalmente con su responsabilidad constitucional, pero que además, están en quiebra no sólo económica, sino también social, política y moralmente.
Seamos honestos con nosotros mismos y con los demás para aceptar que en la realidad las acciones de gobierno municipales no nos generan una conciencia de pertenencia a las raíces del terruño. ¿A quién le gustaría vivir en una ciudad con ineficiencia en la procuración de servicios públicos. Como resultado de la ineficacia de las autoridades para resolver los problemas nos genera desconfianza hacia ellas.
Pero tal aceptación de la realidad nos debe conducir a mejorar los lineamientos para realmente consolidar un municipio libre, autónomo en las decisiones que son de su competencia solucionar, comprometido con la satisfacción de las necesidades sociales y anhelos de los vecinos que lo conforman. No es posible continuar aceptando que el desarrollo municipal depende exclusivamente de un grupo de poder o político que lo tiene como un simple trampolín para otro cargo mayor.
El municipio es la estructura básica, donde se deben resolver los imperantes problemas que los pobladores que la habitan requieren solucionar. Debemos voltear la pirámide de la percepción administrativa para darle a la base de la organización social básica, a el municipio, un lugar preponderante en la sociedad. Debemos encontrar mecanismos de administración pública que permita una mayor eficiencia a los programas de desarrollo social, económico y político de forma independiente de los grupos de poder que ganen un proceso electoral. No es posible seguir secuestrando a las ciudades no sólo en la codicia, sino también, del estancamiento en su propio desarrollo. Por que al final, el municipio no sería nada sin quienes lo conforman, es decir, de quienes los habitamos.
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