En esta semana se dio un paso importante para darle a los ciudadanos medios de defensa constitucional por medio de una mejor Ley de Amparo, después de 2 años de estar en discusión en el Poder Legislativo Federal. Como “control constitucional” el amparo es el mecanismo jurídico para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, atendiendo a un principio democrático donde la Constitución Política goza de supremacía legal: nada por encima de ella; por debajo de ella, todo.
Sin embargo aún no hemos podido entender los mexicanos, y mucho menos, el sistema político que es necesario abrir la discusión hacia otro tipo de sanciones a las autoridades que emanen de un “control democrático”. Es decir, la capacidad de los ciudadanos de controlar las políticas de Estado, a efecto de determinar el desempeño para detectar cualquier desviación que conduzca a proponer los ajustes necesarios.
Una de las realidades del acontecer político en nuestro país es la disociación que existe entre el político y el ciudadano una vez que el primero logra llegar al poder. Es cierto que para llegar al poder se requiere de la vía electoral que implica un contacto y diálogo con los ciudadanos electores. Pero cuando ya hay posesión del cargo y del puesto, entonces se abre una brecha, en ocasiones infranqueable, que impide que el ciudadano realmente logre hacer llegar sus inquietudes, necesidades, sugerencias o cualquier otro elemento de diálogo con sus representantes políticos. Lo peor es que esa desconexión provoca que el predomine el interés partidista o particular por encima del interés colectivo y general, al no existir otros medios de control que obliguen a una autoridad o representante cumplir lo prometido al ciudadano.
Un caso grave es lo que sucede en las cámaras legislativas, tanto federales – diputados y senadores – como las locales, donde aún cuando se llega por la vía electoral y partidista, por las negociaciones políticas de cada uno de ellos no falta quien renuncie o cambie de partido, o se vuelva independiente, sin consultar a los ciudadanos el sentido de la decisión tomada.
Se dice que la representación política debe estar más circunscrita a una sanción política, más que una jurídica. Hay quien dice que una mala administración o mala representación debe conducir a que los electores a no votar por quien traiciona la confianza o no cumple. Pero honestamente ¿cuándo hemos visto que realmente dicho principio se cumpla?
Por ello se deben analizar otros mecanismos de control democrático que puedan ayudarnos a los ciudadanos a verdaderamente verificar que las autoridades y los representantes cumplan con lo prometido, o por lo menos, una vez que lleguen al poder, seamos los ciudadanos los que realmente establezcan el fundamento y la motivación en la actuación de la clase política.
AL CALCE. Lamentable el caso de Tinum, que es un claro ejemplo de que algo en nuestra sociedad democrática no está funcionando. Por un lado el PAN que siempre ha criticado al PRI del caciquismo y no ha sido capaz de poner en su lugar a la familia de Evelio Mis. No hay que olvidar, que el patriarca familiar ya recibió, en la administración pasada, del Tribunal Superior de Justicia de la entidad una sentencia desfavorable a sus intereses, precisamente por no cumplir con el orden legal constitucional local. También peca la sociedad que aún con está verdad jurídica juzgada permite que la sucesión presidencial de un municipio sea de carácter hereditario. Pero el PAN necesitaba de una bandera política que le diera viabilidad a volver a ser oposición. Por ello no les ha importado que sus principios humanistas queden superditados a su necesidad política. Esto demuestra que aún nos falta mucho para aprender sobre qué es democracia y el papel del ciudadano para realmente establecer sanciones políticas a quienes se sólo se aprovechan del pueblo.
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