Desde hace más de una semana, la Torre de Rectoría de la UNAM ha sido secuestrada por un grupo de supuestos estudiantes que no se pueden identificar por estar encapuchados. El discurso es luchar por la supuesta privatización de la educación en la Reforma Educativa, lo que es falso, ya que en el texto constitucional continua persistiendo ese criterio. Sin embargo ha sido suficiente el pretexto para mantener en vilo a las autoridades universitarias con el amago de que una incursión de la policía constituiría una violación a la autonomía universitaria.
Pero es importante señalar que en la séptima fracción del artículo 3° Constitucional se afirma que: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”
Es claro que las universidades a las que se otorga la autonomía es en función de la facultad y responsabilidad de gobernarse, en otras palabras, de tomar las decisiones que así le convengan para realizar los fines educativos y de investigación que el Estado les ha conferido.
Es importante señalar que no se debe confundir la autonomía como una oportunidad para gozar de inmunidad jurisdiccional. Ésta última hace referencia a que no se pueda ser juzgado por algún privilegio o fuero especial que protege a un determinado individuo.
De este modo, la UNAM es autónoma en su capacidad de autogobernarse a sí misma, como también, en la libertad y protección de cátedra e investigación. Pero sus territorios no producen inmunidad jurisdiccional si alguno de sus miembros cometiera un delito dentro de ella misma.
Análogamente es lo mismo que sucede con las entidades federativas. Estas pertenecen a la nación mexicana que es única e indivisible, pero gozan también autonomía en sus propias decisiones. Si dentro de un estado se cometiera un delito del orden federal, las autoridades de la federación no pueden rehusarse a intervenir. No ha lugar a la excusa de violar una autonomía estatal.
Es grave que la sociedad mexicana caiga en el juego de la insensatez y la irracionalidad de unos cuantos que les conviene un país violento y polarizado. Pero lo peor y lo condenable es la pasividad de las autoridades en actuar como a Derecho corresponde para restablecer el orden, la armonía y la paz en la vida universitaria.
No olvidemos que el derecho de manifestarse y de petición son garantías individuales y derechos humanos fundamentales, protegidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando sean actos pacíficos, sin dañar el derecho a terceros y sin alterar la paz pública.
Y más importante, no estamos en la década de los 60′s.
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