Nuestra Constitución Política es clara. Existe libertad de expresión, manifestación de ideas y asociación siempre y cuando se ejerzan de manera pacífica, sin alterar la paz pública y sin violentar los derechos de terceros ajenos. Pero también somos conscientes que en la historia política del país hay elementos para suponer que dichos derechos y garantías constitucionales resultan difíciles de ejercer de manera plena por los mecanismos de opresión y represión de la protesta por el Estado.
En la actualidad los mexicanos hemos experimentado una institucionalización democrática de la política. Por la apertura de los medios de comunicación, la consolidación de la asociación y participación ciudadana en las decisiones del Estado y la intromisión de las redes sociales en la discusión política se han abierto canales para exteriorizar las inquietudes de la población. Al mismo tiempo que se cuentan con instituciones que hacen valer el ejercicio de los derechos.
Caso interesante es la protesta que se hace con las candidaturas de los animales a cargos de elección popular. Aunque es imposible que se concrete un triunfo de una mascota o animal resulta interesante desde el punto de vista de lo que la ciudadanía demanda de atención y solución a la clase política. Lo importante es darle el seguimiento y no quedarnos con la simple y divertida anécdota, que como tal no nos aporta nada a la evolución política.
Situaciones lamentables y condenables es el uso de los derechos de libertad de expresión, de manifestación de ideas y de asociación para excusar actos deliberados de violencia, intromisión y vejación a la dignidad de las personas y ataques a la propiedad privada de terceros. Inadmisible que por la democracia se justifique la barbarie y el vandalismo.
No es una cuestión de que los medios queramos identificar como vándalos a los encapuchados con palos, bates o bombas molotov que arremeten contra edificios y personas civiles y de seguridad. Los hechos por sí mismo hablan y manifiestan una violencia que es clara busca violentar a las fuerzas de seguridad pública para martirizar a los propios manifestantes.
Lo peor es que los partidos políticos que se dicen comprometidos con la democracia, que son a pesar de sus deficiencias, instituciones legalmente organizadas para canalizar en el ejercicio del cargo público los intereses de sus representados. Es el caso específico del PRD y la izquierda que ha considerado como estrategia política valida la confrontación social.
Tenemos el caso de la pasada manifestación en el Zócalo de México, de cuyas escenas grabadas y transmitidas por los medios de comunicación es clara quienes fueron los que violentaron a los cuerpos de seguridad y atacaron la integridad física de funcionarios del Gobierno del DF. En la respuesta hubieron detenidos que fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente. Pero la nota la dan los legisladores perredistas que han pagado ellos mismos las fianzas de quienes se comportaron más como vándalos o delincuentes que ciudadanos comprometidos con la sociedad. Resaltar que no importa que sean de su mismo partido a quienes atacan. El punto es conservar el activismo político denunciado la siempre y permanente opresión y represión del Estado Mexicano.
En la otra parte tenemos a los cuerpos de seguridad estatal los cuales deben estar debidamente preparados para afrontar una protesta ciudadana, que al mismo tiempo garanticen el ejercicio del derecho de los manifestantes, así como también, la paz y la armonía social. Se reconoce por ello el trabajo realizado por las fuerzas federales en el desalojo de maestros en la Autopista del Sol en meses pasados. Se demostró en ese operativo que si han capacidad para hacer cumplir con el mandato constitucional y resguardar la seguridad de todos.
A una sociedad democrática no le conviene validar y avalar la manifestación violenta de las ideas, por más justificación de las causas nobles que la motivan. En las escuelas queremos erradicar la violencia, al igual que en las familias ya no queremos tolerarla más. Irónico que permitamos que en la calle la realidad sea diferente. Que se solape la destrucción de la propiedad privada y pública. Eso no es vivir en democracia, sino un retroceso al Estado de Derecho que nos garantiza a todos nuestros propios derechos.
Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.
