En la encuesta de Mitosky con respecto a la Reforma Energética de agosto de 2013, a pesar de que solo el 26% de los encuestados piensa que la situación en PEMEX es mala, la mayoría (56%) afirma que una reforma energética es muy o algo necesaria. En la conciencia del mexicano es claro que los cambios de mercado, competividad y globalidad de la economía exigen un cambio en las reglas operativas de la paraestatal.
México ha depositado en el petróleo la base de la economía del país. Sin embargo es una realidad que como bien no renovable el agotamiento de las fuentes de obtención exigen una nueva exploración para subsanar las deficiencias. Tal exploración demanda, por su parte, del uso de tecnologías que cuestan su instalación, mantenimiento y operación.
El punto central del debate sobre la Reforma Energética lo encontramos en el término de renta petrolera, entendiendo como ésta el beneficio que se obtiene por la diferencia entre el valor en el mercado y el costo de su producción. Una diferencia que para México, en los últimos años, ha sido beneficiosa con el aumento del valor de crudo internacional, pero que ante la demanda de garantizar su producción se ve el país presionado al no contar con la infraestructura y tecnología necesaria.
En la Constitución de 1917 se estableció que los recursos naturales, entre ellos el petróleo, pertenecen a la nación. Sin embargo, se aceptaba que se otorgarán concesiones a particulares para su explotación. Es decir, que el recurso era de los mexicanos, pero como resultado de la concesión los beneficios económicos lo obtenían quienes hacían uso de la misma. El Estado, por vía impuestos y pago de la concesión, el resultado económico resultaba mínimo. La ganancia queda en manos de particulares.
Cuando en 1938, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, impuso la visión de separar el petróleo de los regímenes de propiedad y dominio de los demás recursos naturales. De tal forma que el Estado se hizo apropiar de la renta petrolera, es decir, de las ganancias que se obtendría por la venta del petróleo. Desaparecieron en el ramo las concesiones, que en estricto sentido daban un derecho de explotación general del recurso energético.
En el 2004 la Segunda Sala de la SCJN en una tesis aislada, determinó una interpretación constitucional puntal del artículo 27 en su sexto párrafo que dispone que respecto al petróleo y a los carburos de hidrógeno, en cualquier estado, no se otorgarán concesiones a los particulares y sólo la Nación llevará a cabo su explotación; entendiéndose que debe atenderse a las áreas o zonas en las que el Estado mexicano ejerce ese dominio, sea absoluto o pleno, o bien, mediante el reconocimiento internacional de su soberanía para disponer de los recursos naturales ubicados en ellas, sin que intervenga cualquier otro Estado, siendo aquéllas las partes del territorio nacional, la zona económica exclusiva, con base en los derechos de soberanía previstos en el artículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y cualquier otra zona geográfica donde la Nación ejerza el dominio de referencia, bajo la permisión del derecho internacional.
En otras palabras, que es en sentido más que estricto que en México no hat cabida a concesiones en materia de petróleo.
¿Qué camino se debe seguir sin que se pierda por completo el anterior principio anunciado?
La propuesta del Ejecutivo Federal es la aceptación, a nivel constitucional, de los contratos en cuanto a áreas de producción petrolera, que puede estar en manos de particulares, con pago en efectivo y no en especie.
Como se ha afirmado al principio de este artículo, el objetivo es impactar los costos de producción dejando que empresas privadas puedan intervenir en donde el Estado o PEMEX ya no tiene la capacidad para hacerlo, sin que con ello se comprometa el beneficio que se obtiene al vender y descontando ese costo de producción.
Una de las cosas claras que no se percibe en el documento del Ejecutivo Federal es que PEMEX no debe ser privatizada, muchos menos concesionar partes de ella a particulares. Con los contratos en producción se garantizaría la extracción del crudo, sin que el Estado pierda la rectoría de su distribución y venta, con lo cual los beneficios se optimicen para el bien de la economía del país
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