Un hecho indiscutible es que la Reforma Educativa es una realidad jurídica en nuestro país. Vale la pena precisar que cumplió con toda la formalidad de reforma constitucional al aprobarse por una amplia mayoría en el Congreso de la Unión, así como también, refrendada por las entidades federativas. Yucatán fue un Estado que votó a favor de la modificación del artículo 3° Constitucional que eleva a rango constitucional la evaluación docente y la creación del Servicio Profesional Docente.
Como cualquier cambio o innovación se genera la incertidumbre social en quienes se sienten afectados por los intereses, conquistas o costumbres propias. Así sucedió al inicio de la revolución industrial donde el trabajador artesanal se movilizó en contra las máquinas, inclusive al extremo de atacar nacientes fábricas para su destrucción. Pero esa movilización o protesta no interrumpió un proceso natural de cambio y modificación. La máquina llegó y transformó la vida social, política, económica y laboral. Que al final fue la base de nuevos derechos y obligaciones que hoy constituyen un fundamento para la libertad, la justicia, la paz y la armonía social.
Es por ello entendible la protesta magisterial. La modificación constitucional ha traído consigo una serie de cambios que los docentes sienten que van contra sus intereses económicos y conquistas sindicales. En nuestro Estado la voz de la disidencia se ha escuchado en diferentes marchas que obligaron al gobierno de Rolando Zapata de abrir en espacio de diálogo y entendimiento con los maestros inconformes.
Es claro que como toda negociación había cosas imposibles de conceder. Una de ellas fue la derogación de las leyes educativas aprobadas por el Congreso de la Unión por no ser competencia o facultad del Ejecutivo.
Uno de los puntos centrales de la protesta es la palabra “permanencia” que, como parte del proceso de evaluación del servicio profesional docente, puede implicar el despido del trabajador sin responsabilidad al no cumplir con el estándar de calidad después de repetidos exámenes y cursos de capacitación. Lo que no aplicaría en el caso de los maestros ya activos y con base laboral de acuerdo con los artículos transitorios en cumplimiento la garantía constitucional de no retroactividad en perjuicio del afectado.
Algo sumamente claro sustentado en la Constitución, la jurisprudencia y doctrina legal, determina que una nueva ley no debe ir en contra o en perjuicio de los derechos adquiridos. Lo que se entiende como el principio de la no retroactividad.
El cambio magisterial donde se enfatiza la importancia del proceso de evaluación para la detección de oportunidades de mejora ha provocado en los maestros mucha tensión, y que el contraargumento es precisamente afirmar que su aplicación contraviene y viola el principio de no retroactividad. El problema, es que no se trata de un asunto de particulares, sino de interés público, de orden social, lo que nos conlleva a pensar que dicho proceso de evaluación busca consolidar y abatir un rezago social en la educación. En este sentido, existe una jurisprudencia de la SCJN que establece que si es posible la aplicación retroactiva de una ley en el caso de ser necesaria por el interés público y orden social.
No obstante de contar con el aval de una reforma constitucional y de la interpretación de la SCJN al principio de no retroactividad a favor de Tercero Constitucional, el Gobierno de Yucatán ha entendido la preocupación del magisterio y decidido, con motivo de adecuar el marco legal estatal con la federación, de canalizar las inquietudes de los docentes en la propuesta de modificación de la Ley de Educación del Estado de Yucatán.
Como resultado se clarifica y precisa sin ambigüedad el reconocimiento de los derechos de antigüedad, protección al salario y prestaciones, a la fuente y nombramiento del trabajo. No se adiciona nada como tampoco se contrapone el espíritu de las nuevas leyes federales. Es evidente que una ley estatal no puede ir en contrasentido de la legislación federal, mucho menos, de la Constitución de acuerdo a la jerarquía de leyes establecida en el Derecho mexicano.
Se le reconoce al Gobierno del Estado, a la secretaría de gobernación y de educación pública la búsqueda de un consenso que hoy permite que se de certidumbre jurídica a los maestros, con lo cual se contribuye a la paz y armonía social.
Los gobiernos deben estar a la escucha y solución creativa de las demandas y exigencias lícitas de los ciudadanos. No claudicar en lo que significa una oportunidad de avance a los rezagos sociales, pero tampoco caer en la coacción sin sentido que al final provoca mayor inestabilidad social.
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