El fin de semana pasada varios dirigentes panistas como Gerardo Bolio, regidores como Felipe Duarte y legisladores Raúl Paz, Mauricio Vila, Mari Yoli Valencia y Hugo Lozano entre los que aparecen en la foto, salieron a las calles para volantear sobre el tema del transporte público. Denuncian que no hay un servicio de calidad y buen trato para los ciudadanos, que el alza al transporte público no se justifica. Por su parte Raúl Paz intenta promover un amparo colectivo por el cual recuada firmas, pero así como pasa el tiempo el término de interposición se va agotando para hacer válido dicho recurso legal en contra del aumento de tarifas.

Sin embargo vale la pena precisar que durante varios años el tema del transporte público, especialmente los concesionarios que lo ofrecen en Mérida estuvo a manos del Ayuntamiento de Mérida, especificamente de la Dirección del Transporte Público. Fue en la administración de César Bojórquez, ante la presión de los concesionarios para un aumento de tarifas, para no generarse problemas en la decisión sea favorable o no la petición cuando decide traspasar la responsabilidad al Gobierno del Estado.

Desde el punto de vista legal, el transporte público es parte de las atribuciones del Gobierno del Estado, sin embargo, el Ayuntamiento de Mérida por la vía de convenio de cooperación tenía en su responsabilidad la administración de la concesión de éste. Esto implicaba la decisión del aumento de las tarifas, a lo que huyendo de tal la administración panista de César Bojórquez le tira “la bolita” a la administración estatal de Ivonne Ortega Pacheco.

Es preciso recordar que durante la administración de Patricio Patrón Laviada, el PAN tuvo la “alineación perfecta”, desde la Presidencia, pasando por el Poder Ejecutivo Estatal y hasta municipal pertenecían al mismo partido político. En ese tiempo Ana Rosa Payán Cervera tuvo una idea que intentó aplicar para mejorar el transporte público y la vialidad en el centro histórico de la ciudad, pero hoy los que realmente conocen de la política yucateca en los últimos 20 años, desde el Palacio de Gobierno encabezado por Patrón Laviada se boicoteó y obstaculizó para que logrará esa finalidad.

¿Aquél fue el único pecado del panismo yucateco de aquel entonces?

Valdría la pena sacar de la memoria la proliferación de cooperativas de taxímetros, que en el intento de disminuir el poder hegemónico del FUTV, se denunció mediáticamente el empoderamiento de connotados panistas en la adquisición de placas de taxis que empleaban a otros para beneficio ajeno de quienes realmente trabajaban. Se mencionó insistemente el de Benito Rossel y hasta el secretario de transporte público del gobierno del estado, hoy diputado que sale a volantear, Victor Hugo Lozano Poveda. La cooperativa solo era la figura de pantalla que ocultaba el otorgamiento de placas a cambio de control político de quienes ya agremiados operaban a favor de los intereses del panismo local.

Ante esta breve memoria histórica ¿tiene hoy calidad moral el panismo yucateco, y especialmente el meridano, en volantear contra el transporte público que hoy está a cargo del Gobierno del Estado?
Salta la pregunta ¿por qué creerles ahora un supuesto compromiso ciudadano cuando en un pasado no lejano, los mismos que hoy protestan fueron partícipes de una real oportunidad de realizar los cambios que proponen, pero que en los hechos no lo hicieron?

Es más que claro que hay gente que ha olvidado las historia de corrupción en el transporte público de taxis que beneficio a varios panistas mientras pudieron. Fue el gobierno de Ivonne Ortega quien tomó la decisión de desaparecer aquellas estructuras cooperativistas que esclavizaban a intereses particulares, para otorgar la concesión de la placa directamente para el chófer que lo trabaja. Igualmente con Ivonne se implementa una tarifa social y el subsidio para los discapacitados y personas de la tercera edad. Además impidió en el 2011 un alza de tarifas sin importar una incipiente presión de los concesionarios que esgrimen los mismos argumentos que ahora y siempre.

Lo que ahora el gobierno de Rolando Zapata ha hecho es reforzar las medidas que se han implementado. En lugar de darle el 100 por ciento de la demanda de la subida a la tarifa lo hace responsablemente, ajustando la necesidad del alza a la realidad económica de las familias meridanas. No fue un alza desmedida, sino acorde a cumplir con las concesionarias sin afectar duramente el bolsillo de los meridanos.

Los hechos no se pueden negar, están plenamente desplegados en los medios de comunicación, en el bagaje histórico y conciencia política. Quien los niege solo demuestra una amplia ignorancia de la realidad política que ha caracterizado en Yucatán.


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