El tema a lo largo de la última quincena es la matanza de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero. Una situación que ha trastocado a todo el Estado Mexicano. La exigencia del esclarecimiento y deslinde de responsabilidades es entendible, así como también, las manifestaciones de padres de familia y conocidos. La violencia en el saqueo comercial no se justifica de ningún modo, pero es el síntoma de la descomposición social que ha llevado el desgobierno de la entidad guerrerense por la intromisión de la delincuencia organizada en el seno de las autoridades que deberían resguardar a la ciudadanía.
En un país tan polarizado en lo político no es extraño que las diferentes fuerzas políticas intenten sacar ventaja de tan sonado caso a su favor. Es un hecho que es inminentemente local, y más específico, municipal. Sin embargo, por el encrespamiento político en lugar de velar por el bien colectivo los partidos políticos y autoridades quieren lavarse de la responsabilidad que este hecho les genera. Mucho más cuando estamos ya dentro de un proceso electoral intermedio.
Hoy debería ser un tiempo de reflexión y toma de decisiones para consolidar los cambios estructurales que las reformas del Estado a lo largo de los dos primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto se han gestado y aprobado. Pero la preocupación se ha centrado en la búsqueda de 43 cuerpos de estudiantes que fueron masacrados por la intransigencia de un alcalde que se sintió poderoso, no sólo por tener el poder de gobierno municipal, sino también, estar respaldado por la principal fuerza delictiva de la zona.
Lo que debería ser un tiempo para llevar al país hacia una auténtica transformación, hoy los ojos del mundo están para cuestionarnos sobre el atentado a los derechos humanos y la incapacidad del Estado de hacer frente a una delincuencia organizada que ha escalado las esferas del poder del Estado.
Lo que sucedió en Iguala, cuna de la consolidación de la independencia, no ha permitido valorar situaciones por demás positivas para el país. Apenas el 22 de octubre debimos celebrar los 200 años del constitucionalismo mexicano. La visión de libertad que surgió de los congresistas de Chilpancingo de 1814 que nos dieron la primera constitución política, la de Apatzingán, que aunque nunca llego a ser vigente, es la primera que esboza el sueño libertario de José María Morelos y Pavón y los insurgentes de aquella época.
A dos centenarios del hecho, el país se enoja, al parecer pierde estribos, se manifiesta, culpa, se violenta, desconfía de las instituciones y sus marcos jurídicos, la sociedad siente que se le pisotea, que la impunidad parece ganarle la batalla a la legalidad, al imperio de ley, al Estado de Derecho. Un panorama que se vislumbra negativo y desconsolador.
Pero debemos también aceptar que durante 20 años el país cayó en un letargo, en la inacción y se estanco en la inmovilidad. Se dejo de hacer política para pasar a la administración de los recursos. Se dejo de tener sensibilidad social y cercanía con las necesidades sociales. El ciudadano no fue escuchado. Se le engaño con una lucha por una aparente seguridad, una simulación de interés; mientras que por otro lado y en lo oscurito, el pastel se repartía entre algunos allegados. Era como el club de Tobi, un sistema de beneficios exclusivo para los privilegiados. Para los demás, la rimbombancia de la acción por seguridad, sin inteligencia, sin satisfacer las causas de la desigualdad social. Una nueva forma de dar pan y circo. Una nueva forma de no cambiar lo fundamental para usar lo mismo de siempre.
Fue la paradoja del gobierno del cambio que nunca hizo nada substancial. Que mostró incompetencia política, menoscabo a los propios principios. En lugar de servir, optaron mejor para servirse.
No hablo en específico por alguno de los personajes, sino por todos los foxs, calderonistas, lopezobradoristas, marcelos y muchos más que ahí están presentes.
Lo que estamos viviendo los mexicanos es la consecuencia de ese tiempo.
¿Tenemos oportunidad para salir los mexicanos?
La crisis de los normalistas es muy grave, pero no difícil de solventar en forma social y política. Urge acabar con el pacto de impunidad que existe en la clase política. El alcalde, junto con su esposa, deben ser ubicados, detenidos y juzgados con la contundencia y fortaleza de la ley y las instituciones jurídicas. Lo que se tenga que encontrar de los 43 estudiantes es una tarea fundamental y crucial para el Estado Mexicano. Ojala y estén con vida. No habría algo mejor que ese resultado. Por el contrario, las familias merecen la certidumbre del destino de sus hijos, merecen tener un lugar en donde llorar y recordar a sus seres queridos.
La sociedad debemos ver hacia adelante, ser conscientes de la fuerza de la participación social de forma más crítica y fundamentada. Ya no tener miedo a enfrentar a las fuerzas políticas. Si tenemos que decir “no” a un opción de gobierno, por tener elementos de análisis que nos lleva a esa conclusión, seamos valientes y asumamos el compromiso de velar por el bienestar colectivo y social de la comunidad.
Lo importante al final no es como caemos, sino que como nos vamos a levantar.
Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.
