En días pasados la Ciudad de Merida fue sede de las 64a. Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Un evento que convocó a representates de los tribunales superiores de los países latinoamericanos incluidos en ellos los países del continente americano y España y Portugal. De forma positiva abrieron a la comunidad interesada en los temas jurídicos tres conferencias que versaron en la temática de esta asamblea y que se relaciona con la independencia judicial.
Si tomamos como punto de partida la doctrina de división de poderes emitida por el Barón de Montesquieu, que es adoptada en México en la estructura de su sistema político y de gobierno, el poder se divide en tres partes. En un legislativo que se encarga de crear los marcos jurídicos. El ejecutivo que tiene como tarea fundamental la aplicación de ese marco jurídico en la sociedad. Por último, el judicial que se encarga de resolver los casos que se hacen de su conocimiento bajo los principios de Derecho y la intepretación legal de los marcos jurídicos.
Es indipensable que entre ambos poderes exista una sana distancia, que tampoco signifique incapacidad de coordinación de esfuerzos. Al final constituye cada uno de ellos y en conjunto una unidad de gobierno. Así está consagrado en la Constitución Politica cuando afirma que hay un poder supremo que es la federación, pero que para su ejercicio se divide en legislativo, ejecutivo y judicial.
En las conferencias públicas se enfatizó mucho la importancia de contar los tribunales judicial con la capacidad de financimiento presupuestal, las garantías de protección de los jueces para no caer en las tentaciones de la extorsión, amenaza o peligro para su función juzgadora. Una protección que tiene que ver la inmovilidad del cargo, el asunto no menos importante de los salarios, el respeto a los marcos jurídicos internacionales como lo son los tratados suscritos por los países en materia de Derechos Humanos.
Igualmente se planteó los compromisos de instituciones como la Barra Intermacional de Abogados en materia de combate a la corrupción. Importante en función de necesitarse un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los juzgadores y consolidar una aplicación de la justicia que para el caso de México se debería caracterizar por ser profesional, objetiva, imparcial, completa, excelente y gratuita, a la cuales se le anexan dos principios de igual trascendencia: independiente y autónoma.
Con esa temática muy posicionada y clara en su exposición terminó un evento de importancia jurídica en el continente americano celebrada en nuestro Estado
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