Este mes de junio se considera el mes de la libertad de expresión. El 7 de junio es la fecha señalada para conmemorar uno de los derechos fundamentales de una sociedad que se dice democrática.

Sin embargo, nos despedimos de un mes que trajo amargura para quienes hemos decidido no quedarnos callados por pretender que con nuestra voz y propuestas se pueda mejorar a la sociedad. El asunto de los asesinatos de periodistas por su labor enluta a un sistema que debería ser más abierto tanto al derecho de la información, como también, de la crítica.

En lo que va del año 2017 estamos en ocho el número de periodistas que han sido privados de su vida con violencia:

Cecilio Pineda, La voz de Tierra Caliente Guerrero, 2 de marzo

Ricardo Monlui, El Político y El Sol de Córdoba Veracruz, 19 de marzo

Miroslava Breach, La Jornada Chihuahua, 23 de marzo

Maximino Rodríguez, Colectivo Pericú, 15 de abril

Filiberto Álvarez, La señal de Jojutla Morelos, 29 de abril

Jonathan Rodríguez Córdova, El Costeño de Autlán Jalisco, 15 de mayo

Javier Valdez, Río Doce y La Jornada Sinaloa, 15 de mayo

Salvador Adame, director de Canal 6tv en Nueva Italia, Michoacán, desaparecido desde el 18 de marzo y confirmada su muerte en esta semana el encontrarse su cadáver calcinado en la vereda de una carretera.

En lo que va el sexenio ya suma 37 periodistas y lamentablemente el número seguirá creciendo.

El periodismo es una profesión que implica un alto compromiso social por la importancia de relatar lo que pasa en la sociedad. Lo que ocasiona que se vean en ocasiones afectados los intereses políticos o delincuenciales de determinados grupos que toman la decisión de extorsionar, amenazar y hasta ultimar a periodistas.

No podemos avanzar en la consolidación de la democracia sin consolidar el derecho a la información, a la expresión y la crítica social y con las políticas públicas que no son efectivas en hacer respetar todo lo anterior.

Lo peor es cuando la represión o la censura viene desde una institución de gobierno o pública que debería ser guardiana y custodia de tan elemental derecho.

¿Entonces cuál es para la sociedad la garantía e incertidumbre para ejercer el derecho de estar informados de lo que sucede y es preocupación social?

Es necesario entablar acciones políticas más adecuadas que permitan no solo la protección del periodista, sino también, de la dignificación de una profesión que le hace bien a la democracia y a la sociedad.

Es por ello que se requiere que se tomen la providencias para realmente dar certidumbre a la profesión periodística. Esto se logrará en la medida que exista un marco jurídico que sea claro en las funciones y competencias del periodismo, el alcance de la responsabilidad informativa de las instancias de gobierno, el papel de otros sectores sociales y del mismo gremio y empresas periodísticas en la dignificación de la función periodística.

Se agradece que se instale una agencia de atención para periodistas anunciada por el Gobierno del Estado de Yucatán. Pero honestamente es necesario dar un paso más. Uno que sea contundente para establecer los derechos y obligaciones, funciones y facultades del periodismo.

Porque la agresión a los periodistas no solo es física. Se trasgrede el derecho a la información cuando las instituciones de gobierno dejan de ser transparentes, no rinden cuentas, esconden la información o cierran las puertas para el ejercicio periodístico. Esto constituye obstáculos que impiden que se conozca y escudriñe la función pública e institucional que vulnera el valor de la tolerancia en la democracia.

¿Cómo podemos hacer el trabajo cuando las autoridades se escudan en la falta de una ley que establezca la obligación de contestar ante un cuestionamiento periodístico?

Igualmente es una agresión los intentos de espionaje por entidades gubernamentales. No eso es una invasión a la privacidad de las personas, otro derecho fundamental, sino una oportunidad para acotar y limitar el trabajo informativo de los periodistas y medios.

La sola presunción de espionaje ya vulnera el derecho del periodista a gozar de una libertad para la investigación y posterior publicación de los resultados.

Así termina junio, el mes de la libertad de expresión: entre la condena por los asesinatos de periodistas que quedan impunes y, por otro lado, la presunción de estar periodistas siendo vigilados por el gobierno.

Nos falta mucho, pero mucho… para consolidar una verdadera democracia.


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