La diputada Gretel Culin Jaime (PAN) propuso exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que vigile y, en su caso, sancione a quien condicione el otorgamiento de la enseñanza básica en instituciones públicas, a cambio del pago de una cuota o gratificación, o bien difunda la identidad de los padres y/o alumnos que no contribuyen con esa exigencia.
En un punto de acuerdo que presentó en la Permanente y que analiza la Segunda Comisión, precisó que la Ley General de Educación, en el segundo párrafo del artículo 6, regula la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo.
Mientras tanto, el artículo 3 de la Constitución establece a la educación básica como un derecho humano para todos los mexicanos, que debe ser laica y gratuita; es decir, el “Estado tiene la obligación de otorgar la enseñanza sin costo y aislada de creencias religiosas”.
Sin embargo, a pesar de la prohibición, cada año al finalizar o iniciar un ciclo escolar, los padres de familia son condicionados a realizar una aportación en dinero o en especie, para que sus hijos puedan continuar sus estudios y, en algunos casos, se llega al extremo de exhibir a los que no han cumplido con dicha aportación.
Culin Jaime argumentó que tal situación va en detrimento de la economía de las familias mexicanas, mayormente en aquellas de escasos recursos y por lo tanto afecta también el desarrollo económico y social, al no haber una real gratuidad de la educación que imparte el Estado.
Esa situación, afirmó, “representa una barrera de acceso a la educación de las personas, haciendo nugatorio el legítimo derecho humano de tener de forma gratuita la enseñanza básica”.
Es fundamental que las secretarías de Educación de los estados también vigilen y sancionen a quienes condicionan este derecho a cambio del pago de una cuota o gratificación, o expongan a quienes no contribuyen o están pendientes del pago.
La diputada del PAN, expuso que la educación es un instrumento poderoso que permite a niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados, salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad.
Una formación de calidad es un derecho humano primordial que permite el desarrollo integral de los individuos y debe ser capaz de alentar competencias para la vida en sociedad, reconociendo que las diferencias enriquecen, abundó.
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