Ante dos contextos políticos; el primero que apunta a un duro cuestionamiento sobre la estrategia del Covid-19 cuando ya se suman alrededor de 50 mil muertes contra las nueve mil proyectadas por el gobierno federal el inicio de la pandemia, y por otro lado, la cercanía del proceso electoral intermedio que para la Cuarta Transformación significa empoderarse en ambas Cámaras para tener vía libre legislativa y consolidar con ello su agenda política, hoy en la mañanera en la voz del Presidente López Obrador arremete contra los sexenios pasados para acusarlos de constituir un NARCOESTADO.
Una acusación bastante seria que alimenta y polariza mucho más a la sociedad, especialmente a los miles de seguidores y simpatizantes de la Cuarta Transformación. Sin embargo, hay elementos que llaman poderosamente la atención y que en un ejercicio de simple lógica o sentido común nos deben alertar sobre las intenciones del actual régimen presidencial sobre como pretende abordar esta acusación.
No ha sido una sola ocasión, sino en varios momentos cuando el presidente López Obrador ha insistido en no estar emprendiendo “cacería de brujas” contra las administraciones pasadas, y que inclusive, sometería a consulta popular el sentir de pueblo con respecto si esta administración debe o no meter a la cárcel a los corruptos del pasado.
Es importante establecer que la investigación para la impartición y procuración de justicia no es una situación de consulta popular, sino de estricto apego a los procedimientos judiciales que deben seguirse por las autoridades competentes. En este caso, de la denuncia que puede entablarse contra los corruptos del pasado por la presidencia de la república para que se sigan los procedimientos judiciales conforme lo establece el Estado de Derecho.
Una mala señal ha sido la forma como las autoridades federales se condujeron a la llegada y recepción de Emilio Lozoya que no ha llegado a pisar la cárcel, que ha tenido una atención VIP con tratamiento médico en hospital privado y ahora en la comodidad de alguna casa. No ha faltado que se insista que más que un perseguido, Lozoya es un testigo protegido y muy importante para la Cuarta Transformación, para perseguir especialmente a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y algunos seguidores especulan a la “joya de la corona”, al mismo Carlos Salinas de Gortari.
Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF), encabezada por el Lic. Santiago Nieto, confirma hoy mismo que “…no investiga las cuentas bancarias de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, debido que no existe ninguna solicitud por parte de la Fiscalía General de la República (FGR)“. E insiste el presidente que el tema del enjuiciamiento de los ex presidentes quedará a la decisión de una consulta popular.
¿En verdad se requiere consultar al pueblo si se debe investigar, sancionar y meter a la cárcel a los corruptos del pasado?
¿Es esto la manera correcta de emprender la Cuarta Transformación el combate a la corrupción?
La acusación del presidente López Obrador es muy seria y debería ser contundente, más allá del sentido lapidario que tiene. Si alguien del pasado, sea así hoy un ex presidente, emprendió acciones ilegales de tal envergadura para engañar al pueblo mexicano y cometer actos de alta corrupción, debe ser INVESTIGADO y SANCIONADO penalmente.
No se vale seguir “calentando la plaza” por así convenir a los tiempos actuales y contexto político, porque mentir o usar a la conveniencia la aplicación de la ley, es igual corrupción, tanto o mucho más que “robarse el dinero”.
Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.
