Un 46% de organizaciones encuestadas reportó haber experimentado fraude, corrupción u otros delitos económicos en los últimos 24 meses

 

NOTIPRESS.- Prevenir el fraude y otros delitos económicos es un desafío complejo, aun más en un panorama volátil de riesgos como el de hoy en día. Así lo considera la firma de consultoría PwC, quien recopila que un 46 por ciento de organizaciones encuestadas informaron haber experimentado fraude, corrupción u otros delitos económicos en los 24 meses más recientes.

En su Encuesta mundial sobre delitos económicos y fraude 2022, la firma detectó una relativa estabilidad en la proporción de organizaciones víctimas de fraude desde 2018. No obstante, también halló una creciente amenaza de perpetradores externos, con casi el 70% de las organizaciones víctimas reportando que su incidente más disruptivo se produjo a partir de un ataque externo o una colusión entre fuentes externas e internas.

Respecto a las repercusiones de estos delitos económicos, la asociación estadounidense Insurance Information Institute recopila algunos datos relevantes de 2021. Por ejemplo, la industria de seguros fue el objetivo más frecuente de ataques ransomware durante la primera mitad de dicho año. Los bienes y servicios de consumo, seguido de las telecomunicaciones, ocuparon el segundo y tercer lugar de víctimas más frecuentes.

Por otro lado, con información de IBM, la asociación resalta que el costo promedio de una brecha de datos aumentó de 3.86 millones de dólares, en 2020, a 4.24 millones en 2021. Además, subrayan la cifra récord de más de 874 mil denuncias presentadas, en Estados Unidos, al Buró Federal de Investigaciones (FBI) por delitos en internet durante 2021. Adicionalmente, el 49% de los reportes presentados a la Consumer Sentinel Network de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) fueron por fraude y un 25% por robo de identidad.

Tecnología como aliada para la prevención de fraudes

Ante este panorama, cobra relevancia la tecnología de prevención de fraude que, según la empresa de software analítico SAS, ha avanzado significativamente. Esto gracias al análisis de alto rendimiento, el aprendizaje automático y otras formas de inteligencia artificial (IA). De forma general, la prevención de fraude surge como la implementación de estrategias para detectar transacciones o acciones bancarias fraudulentas y evitar daños financieros y reputacionales derivados de estos delitos económicos. Prevenir este delito actualmente implica un enfoque de integración de los puntos de datos con las actividades para detectar anormalidades, señala SAS.

Sin embargo, las herramientas actuales de prevención de fraude tienen un elevado coste y normalmente están orientadas a apoyar a grandes comercios, señala la empresa especializada en ciberseguridad BOTECH. Al respecto, la empresa apunta a la existencia de alternativas software as a service (SaaS), como su programa ISOPH PAYMENT.

ISOPH PAYMENT se trata de una alternativa con los beneficios de las tecnologías antifraude existentes, en una plataforma SaaS de precio competitivo, comparado con productos orientados a corporaciones con presupuestos elevados. Asimismo, cuenta con un proceso de integración rápido y sencillo, que puede ser vía API o en la propia consola del cliente.

También ofrece una infraestructura de la tecnología 100% en la nube, por lo que no es necesaria ninguna inversión en hardware o software. Se trata de una solución configurable para cada comercio que permite definir el nivel de riesgo. Una tecnología la cual realiza una monitorización continua de todas las transacciones efectuadas con un portal administrativo donde se recogen todos los datos de fácil accesibilidad e interpretación.

Contar con un sistema apropiado de prevención de fraude resulta indispensable en el panorama de riesgos actual, concuerdan los especialistas. Aunque en el mercado dominan las opciones orientadas a grandes organizaciones y empresas, existen también otras apropiadas para las dimensiones y necesidades de negocios más pequeños. Este tipo de software podría ayudar a prevenir los grandes costos de delitos económicos como el fraude, el ransomware y el robo de datos e identidad.

 

 

 


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