La semana pasada se dio a conocer por Latinus información supuestamente hackeada de los servidores de la Defensa Nacional (SEDENA), que pone al descubierto algunas situaciones específicas que se pueden cuestionar sobre las acciones y decisiones del gobierno de López Obrador. Un hecho que al día siguiente el presidente confirmó.
Más allá de las consideraciones políticas por la información dada a conocer, es un hecho grave que el ejército, supuestamente quien debe garantizar la seguridad de nuestra soberanía nacional, hoy quede en evidencia de que puede ser fácilmente hackeado en sus sistemas informáticos.
Por otro lado, en el último mes, un número de mexicanos difícil de precisar fueron objeto de hackeo de sus cuentas de WhatsApp para aprovecharse de la buena fe de la amistad y solicitar un dinero a nombre de amigos. Una estafa que alcanza cantidades monetarias que son difíciles de cuantificar por la discreción que algunos estafados prefieren mantener.
Los que hemos denunciado un hecho ante las fiscalías estatales, parece quedar anecdótico ya que no se tienen avances en la investigación y queda únicamente para una estadística de los delitos que se cometen por esta vía. Desde empresarios, hasta legisladores federales y locales, como ciudadanos, al azar fueron atacados en sus cuentas que quedaron a merced de los ciberdelincuentes para aprovecharse de ellas y pedir dinero a los familiares, amistades y contactos.
Mención aparte y reconocimiento a la fiscalía de la Ciudad de México que en agosto pasado emprendió un operativo para desmantelar una red de extorsión, conocidos como los “montadeudas”. Estos se anuncian en las aplicaciones “store” de los sistemas de Windows, Android e IOs, por lo cual, al parecer normalizado su difusión, instalación y por lo atractivo de otorgar un crédito sin muchos requisitos, hay un gran número de usuarios que han caído en la trampa y ahora son víctimas de cobros ilegales, extrajudiciales, amenazas y extorsión.
Aunque las autoridades capitalinas desmantelaron alrededor de dos decenas de aplicaciones, las canceladas se transformaron en otras y lo que empezó con alrededor de 60, hoy se reportan más de 300, sin que se pueda realizar acciones contundentes para evitar este tipo de prácticas ilegales. Los dueños de las aplicaciones tienen una buena estrategia de publicidad y marketing y están presentes en videojuegos y vídeos.
En la última semana, el esquema parece explorar otras opciones como son los “montaviajes” cuyo esquema es contactar posibles víctimas para promover paquetes de viajes a los cuales hay que realizar depósitos para acceder a una atractiva oferta. Después de ejecutado los depósitos, la comunicación se interrumpe y por más que el cliente quiere corroborar la agencia de viajes, ésta no existe y la pérdida de sus recursos económicos depositados se convierte en una dura realidad que afecta el patrimonio de las familias.
Por un lado, las prácticas bancarias de seguridad como el secreto bancario y la imposibilidad de realizar reclamos a depósitos son ventajas operativas para que los ciberdelincuentes cuenten con una “impunidad bancaria”, ya que las transacciones se consideran completas por el solo hecho de enviarlas desde el dispositivo o sistema electrónico del usuario. Lo que difícil la recuperación ya sea por error en la captura de la línea o son por acciones de fraude. Aunque hay bancos que supuestamente tiene procedimientos de reclamo, en los hechos son promesas incumplidas.
Ante estas situaciones se concluye que México está rezagado en materia de seguridad cibernética. El ejemplo de lo que ha pasado a miles de mexicanos víctimas de la extorsión y la infiltración en los sistemas del ejército, es una muestra de la inacción del gobierno, hay mecanismos de prevención y sanción, por lo cual hay mucha impunidad en favor de la ciberdelincuencia.
Es por ello de que se requiere de la creación de políticas públicas en materia de seguridad informática que proteja la integridad de los sistemas, tanto de las instituciones de gobierno, como de los ciudadanos. Decisiones de gobierno que contemplen acciones de prevención y de investigación para que los ciberdelincuentes no se sientan con libertad operativa para cometer sus delitos.
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