Tucson (AZ), 18 ene (EFE).- Con el inicio de clases en las universidades y colegios comunitarios de Arizona este 2023, también comenzó la aplicación de una nueva ley estatal que permite por primera vez a los estudiantes indocumentados pagar matrículas como residentes del estado.
“Sin duda ha cambiado y cambiará las vidas de muchos estudiantes, que antes pensaban que ir a la universidad era una meta inalcanzable debido al alto costo”, dijo a Efe María Valeria García, estudiante de la Universidad del Estado de Arizona (ASU).
García hace parte de los estudiantes en Arizona que se han beneficiado directamente de la Propuesta 308, aprobada en las elecciones de noviembre pasado. “A principio de este mes recibí un correo de la universidad notificándome del cambio en mi registro. La verdad no pude contener las lágrimas cuando recibí la noticia”, dijo la joven originaria de México, quien llegó a Estados Unidos a los cuatro años de edad.
Gracias a la nueva ley, García, quien estudia Ciencias Políticas y Estudios Transfronterizos, pagó 3.000 dólares menos en su matrícula este semestre, lo que le permite contemplar la posibilidad de seguir sus sueños de convertirse en abogada de inmigración.
Aprobada con un 51 % de votos, la Propuesta 308 revierte una legislación de 2006 que negaba la posibilidad de pagar matrículas como residentes del estado a jóvenes indocumentados, sin importar que sus padres pagaran impuestos o cuántos años llevaran viviendo en Arizona.
Bajo la nueva medida todos los estudiantes indocumentados que se gradúen de escuelas de nivel bachillerato en Arizona y tengan por lo menos dos años viviendo en el estado son elegibles para pagar matrículas como residentes.
Reyna Montoya, directora y fundadora de Aliento, uno de varios grupos que trabajaron en la aprobación de la medida, dijo a EFE que vigilarán que las universidades y colegios comunitarios implementen la norma.
También enfocarán esfuerzos para que los estudiantes indocumentados de bachillerato “se enteren de que ahora tienen esta nueva posibilidad”.
Se espera que el impacto de la nueva ley quede plenamente de manifiesto en agosto, ya que se estima que alrededor de 2.000 estudiantes indocumentados se gradúan cada año en Arizona.
UNA INVERSIÓN PARA EL ESTADO
Críticos de la Propuesta 308 aseguran que no tiene ningún caso “invertir” en la educación de estudiantes indocumentados si al final cuando se gradúen no tendrán la autorización para trabajar y ejercer sus carreras.
Al respecto, Montoya dijo que “la educación siempre es una inversión, no sólo para la persona sino para las comunidades y el mismo estado de Arizona”.
Aseguró que ella misma es un ejemplo de que personas indocumentadas pueden establecer sus propios negocios y crear fuentes de empleo en sus comunidades.
Por su parte, Eduardo Reyes, estudiante del Colegio Comunitario Pima en Tucson, contó a EFE que gracias a la nueva ley este semestre pudo tomar más clases, lo que le permitirá graduarse más rápido.
“Si la Propuesta 308 no hubiera sido aprobada creo que hubiera tenido que dejar mis estudios. Era demasiado dinero para pagar uno solo”, señaló Reyes, de 21 años y quien tiene la esperanza de poder transferirse a la universidad el próximo año.
En Arizona un estudiante clasificado como residente del estado paga un promedio de 11.000 dólares de matrícula en las universidades públicas anualmente.
La diferencia es que los ciudadanos pueden solicitar una amplia gama de becas estatales y federales que les ayudan a cubrir esta cantidad, mientras que los estudiantes indocumentados no son elegibles para esta ayuda.
No obstante, los indocumentados también podrían verse beneficiados del plan de la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, para otorgar 40 millones de dólares en fondos del presupuesto estatal para ayuda financiera a estos estudiantes sin estatus legal.
No obstante, la propuesta no fue bien recibida por el sector más conservador republicano de la legislatura estatal, que deberá aprobar el presupuesto en las próximas semanas.
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