Por Pietro Lombardi y Belén Carreño

MADRID (Reuters) – España se comprometerá a recortar las emisiones antes de que acabe la década en torno a un 7% más de lo fijado anteriormente, aunque sin llegar al nivel exigen los grupos ecologistas, según dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo de las negociaciones.

El Gobierno aumentará en varios puntos su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030, hasta aproximadamente un 30% menos de lo que se emitió en 1990, dijo la fuente, desde un objetivo actual del 23% menos.

El objetivo más estricto se incluirá en una actualización de la hoja de ruta de España en materia de clima y energía que se enviará a Bruselas a finales de junio, en la que se espera que los objetivos de hidrógeno y generación de energía renovable también sean más ambiciosos, dijo la fuente.

Madrid, al igual que sus socios europeos, está actualizando su plan nacional de energía y clima (PNIEC) hasta 2030.

El plan se adoptó formalmente en 2021, antes de que la invasión rusa de Ucrania trastornara el mercado energético y desencadenara esfuerzos hercúleos para desligar a la UE del gas ruso y acelerar la transición ecológica.

Estos planes son hojas de ruta clave para que las empresas planifiquen sus inversiones, ya que establecen objetivos de eficiencia energética y energías renovables, entre otros. Las capitales europeas tienen de plazo hasta finales de junio para presentar a la Comisión Europea los proyectos de planes actualizados, mientras que los textos definitivos deberán estar listos en junio del año que viene.

En sus orientaciones publicadas a finales del año pasado, el brazo ejecutivo de la UE afirmaba que “las actualizaciones deben centrarse en la necesidad de una acción climática más ambiciosa, una transición a la energía limpia más rápida y una mayor seguridad energética”.

Es probable que la medida de España decepcione a los grupos ecologistas, que exigían un objetivo mucho más estricto del 55%. En 2020, Greenpeace y otros grupos presentaron una demanda contra el cambio climático ante el máximo tribunal español, alegando que el Estado no estaba haciendo lo suficiente para hacer frente al cambio climático. La sentencia se espera para junio, según Greenpeace.

 

 

 


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