Sindicatos de EEUU fortalecen la defensa de la integridad científica ante posibles intervenciones políticas
Notipress.- A principios del mes de julio de 2024, el sindicato representante de los científicos e ingenieros de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos firmó un nuevo contrato que incluye protección para los empleados gubernamentales que defienden la integridad científica. Este acuerdo se suma a un contrato similar firmado el año pasado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
El sindicato que agrupa a más de 5 mil científicos en sus primeros años en los Institutos Nacionales de Salud están en proceso de establecer un acuerdo comparable, con una posible firma en los próximos meses. Asimismo, estos acuerdos forman parte de un esfuerzo para salvaguardar a las agencias científicas de Estados Unidos de la influencia política. Sin embargo, la administración de Joe Biden avanzó en la creación de protecciones legales para los científicos y otros trabajadores federales.
Actualmente, está en la fase final de desarrollo de políticas de integridad científica abarca hasta 20 agencias federales y se espera sean anunciadas formalmente en el mes de agosto. No obstante, la preocupación por la interferencia de la política en la ciencia cobró mayor relevancia con el regreso de la candidatura presidencial de Donald Trump.
Su primer mandato tuvo problemas en las agencias científicas como la EPA y muchos temen que un segundo mandato podría intensificar los mismos. En caso de que Trump gane las elecciones en noviembre de 2024, la formación de quienes integren el Congreso también jugará un papel importante. Si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y obtienen el control del Senado, Donald Trump podría tener libertad para remodelar el gobierno según considere conveniente.
“La gente no debería confiar en que tengamos las herramientas legales para responder eficazmente a los abusos de poder en una segunda administración de Trump”, indicó Blake Emerson, investigador de derecho administrativo de la Universidad de California en Los Ángeles.
Los retrasos en la implementación de las políticas genera preocupación entre los organismos de control. Los funcionarios de la administración aseguran que las nuevas normas estarán en vigor para la mayoría de las 30 organismos federales y están cubiertas por la iniciativa de la Casa Blanca a fines de septiembre. Francesca Grifo, directora de la oficina de integridad científica de la EPA, mencionó que el proceso es complicado y lleva tiempo.
Asimismo, la administración de Joe Biden también reforzó las protecciones legales para los científicos y otros empleados federales contratados. Esto se da en respuesta a la orden ejecutiva del final del mandato de Trump facilitaba la reclasificación y despido de empleados de carrera. Dicha norma, conocida como Anexo F, fue modificada para limitar la reorganización del servicio civil pero, no se descartan cambios si asume una nueva administración.
Entre otras cosas, la comunidad científica se ve amenazada por el futuro de la colaboración científica entre China y Estados Unidos. El acuerdo firmado en 1979 y renovado cada cinco años, ahora pende un hilo por la incertidumbre que generan las elecciones.
No obstante, los trabajadores de la EPA habían sufrido las consecuencias de la primera administración de Trump, quién impuso un contrato con menos protecciones para los trabajadores federales. “Realmente no estábamos preparados para defender a la agencia la primera vez”, señaló Nicole Cantello, coordinadora legislativa y política del sindicato que representa a más de la mitad de los 15 mil trabajadores de la EPA.
Ahora, el sindicato logró incluir una cláusula sobre integridad científica y cualquier disputa sobre integridad científica o represalias contra los científicos será escuchada por un árbitro independiente fuera de la agencia. En caso de que la administración de Trump intente quitar el contrato, el sindicato contará con recursos legales para impugnar esa decisión.
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