La reforma judicial “Ad hominen” no resuelve de fondo el problema de la justicia

En la asignatura de lógica del bachillerato, que por cierto la reforma de la 4T en nivel medio superior ya desapareció, se enseñan las diversas formas de falacia, es decir, errores del razonamiento. El error lógico conocido como “Ad hominen” se utiliza para describir un argumento que ataca a la persona que lo presenta, en lugar de refutar sus ideas o tesis. Se basa en las cuestiones personales y no la base del argumento, lo que lleva a un resultado falso.
La impartición de justicia en nuestro país es una tarea compartida entre dos órganos del estado. Entre el ejecutivo que por medio de las fiscalías tiene las tareas de la prevención y del ejercicio del proceso de investigación para armar los expedientes o carpetas de investigación que, al ser entregas a los jueces integrantes del poder judicial, analizan los hechos y los califican como delitos para iniciar entonces el proceso legal para establecer, en su caso, las sanciones a los responsables de una conducta criminal.
Es muy cierto que el sistema de justicia debe ser mejorado para facilitar una impartición de justicia más clara, transparente, con cumplimiento de una investigación científica forense justa, de protección de los derechos humanos tanto de la víctima como de los procesados.
No dejemos a un lado las reformas constitucionales en materia penal de 2008 y la de derechos humanos de 2011 que transformaron los procesos legales de un modelo inquisitivo a uno más garantista en respeto a esos principios anteriormente citados, pero que faltaría su concreción en la práctica para realmente los procesos jurisdiccionales sean mucho más efectivos.
Lo que ahora quiere hacer la Cuarta Transformación parece más un cambio por “venganza personal”, enfocados en las personas que son las encargadas de la impartición de justicia acusándolas de corrupción, sin que hasta el momento exista un solo ministro, magistrado o juez procesado conforme las leyes mexicanas por vínculos con el narcotráfico, delincuencia organizada o por sentencia que beneficien a los poderosos en contra del pueblo.
Se necesita una reforma del Poder Judicial mucho más amplia, mucho más racional que emocional, que abarque todo el sistema de procuración de justicia, no solo enfocados en las personas de un poder, ya que la integración de expedientes que nacen del conocimiento de una noticia criminal es una autoridad del órgano ejecutivo, no judicial.
Tenemos el lamentable caso de la fiscal de Sinaloa que a lo “Loret de Mola” plantó un “montaje” sobre el caso del asesinato de Héctor Cué, cuando el nombre de ex rector de la Universidad de Sinaloa fue uno de los mencionados en la carta del Mayo Zambada y la reunión con el gobernador morenista Rubén Mocha, en la cual fue engañado el capo por los chapitos para ser capturado y entregado a los Estados Unidos.
El descredito del valor probatorio del vídeo fue anunciado y sostenido por la fiscalía federal, no por enemigos o adversarios políticos. Mientras tanto todo Morena y sus gobernadores, inclusive la presidenta electa Claudia Sheinbuam cerraron filas a favor de Rubén Mocha.
La única damnificada de este hecho vergonzoso fue la fiscal que presentó su renuncia. El caso ya fue olvidado y Rubén Mocha sigue en el cargo y no se sabe cuál es el avance de la investigación sobre el delicado asunto.
Si el tema es limpiar de corrupción la procuración e impartición de justicia, en el caso de Sinaloa debería irse también el gobernador morenista. Sería sin duda, un acto de congruencia de que el compromiso de la Cuarta Transformación es en serio contra los corruptos, no solo del pasado, sino también, del presente.
Pero es claro y evidente, que la soberbia de un triunfo electoral que aunque fue mayoritario, pero no contundente para este tipo de cambios, no lo mueve ese compromiso de mejora sustancial en el proceso de procuración de justicia, sino una vendetta personal para atacar a los supuestos “adversarios políticos”.