Managua, 4 feb (EFE).- El Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior nicaragüense, insistió este viernes en que garantizarán la continuidad académica a los estudiantes de las universidades privadas que han sido ilegalizadas, y lamentó que el mensaje estatal no esté siendo correspondido.

“Nosotros le decimos a los estudiantes que ellos van a continuar en el desarrollo de sus perfiles académicos, igualmente repito, los del postgrado también, porque ha surgido mucha información que es incorrecta y no se asume lo que hemos planteado”, dijo la presidenta del CNU y rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua), Ramona Rodríguez, a través de medios oficiales.

Por tercer día consecutivo, el CNU, integrado en su mayoría por académicos ligados al Gobierno del presidente Daniel Ortega, han asegurado que garantizarán la continuidad académica en las 14 universidades privadas de Nicaragua que han sido ilegalizadas, a petición del Ministerio de Gobernación.

La falta de credibilidad por parte de los estudiantes surgió luego que el CNU avalara que la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por los sandinistas, despojara la licencia de operación a las universidades privadas afectadas.

“El Consejo Nacional de Universidades, como órgano rector de le educación superior nicaragüense, se pone al frente porque tenemos esa responsabilidad y esa facultad de atender la educación y garantizar que los estudiantes continúen con su pensum académico”, sostuvo Rodríguez.

Movimientos estudiantiles como la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) o la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), han demandado el restablecimiento de la personalidad jurídica de los centros de estudios cancelados, la continuidad de la educación con autonomía, y se han solidarizado con los estudiantes y sus padres por lo ocurrido.

Además, han expresado públicamente su preocupación por lo que ocurrirá con las matrículas y el historial académico, y han denunciado que detrás de esa medida el Gobierno persigue un control sobre las universidades privadas.

Las universidades han estado en el centro de la tensión política de Nicaragua desde abril de 2018, cuando los estudiantes lideraron las protestas masivas antigubernamentales, que fueron reducidas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron al menos 355 muertos.

Entre las universidades clausuradas está la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que se convirtió en un símbolo de las protestas contra el Gobierno de Ortega.

Hasta ahora se desconoce el número de estudiantes afectados, aunque solamente la Upoli superaba los 8.500 alumnos, mientras que la Universidad Hispanoamericana sumaba 3.980.

Las universidades canceladas forman parte de unas 87 organizaciones a las que el Parlamento nicaragüense ha despojado de sus personalidades jurídicas desde diciembre de 2018.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.EFE

 

 

 


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