Rabat, 14 ene (EFE).- La educación pública de Marruecos se enfrenta desde hace tres meses a una huelga indefinida de los profesores que ha forzado al Gobierno a adoptar medidas excepcionales para salvar el año académico, como alargarlo una semana más y reducir el contenido de las asignaturas, en medio del descontento de los padres.
Las huelgas, acompañadas con protestas masivas y en las que participa un tercio del cuerpo docente del país, empezaron de forma progresiva el pasado 5 de octubre, un mes después del arranque de curso y coincidiendo con la Jornada Mundial de los Docentes. Comenzaron con un día semanal de huelga hasta llegar a cuatro días, lo que ha hecho que 7 millones de estudiantes hayan perdido ya 50 días de clase.
Funcionarios y no contratados
El problema se remonta a 2016, cuando Marruecos empezó a contratar a docentes como personal laboral (no funcionario) para cubrir un déficit de profesores en el país. Hoy en día, estos profesores contratados suponen la mitad de la plantilla (unos 360.000).
En los últimos años, este sector de la enseñanza protagonizó protestas para pedir su integración en la función pública, algo que no ha ocurrido. La gota que colmó el vaso fue el nuevo estatuto de los funcionarios del sector de la educación nacional, cuyo borrador se conoció en septiembre.
Este documento, que aún no se ha aprobado, cierra la puerta a convertir a estos docentes en funcionarios y va más allá estipulando que en el futuro todos los profesores de Marruecos serán personal contratado.
El sindicalista Ahmed Hilali, profesor de primaria en la provincia norteña de Alhucemas, denunció a EFE que el estatuto deja a estos profesores con menos garantías laborales que los funcionarios y supone una transición hacia la privatización de la educación nacional.
Más tareas escolares
El nuevo estatuto atribuye además a los profesores más tareas, como la comunicación con las familias de los alumnos, su vigilancia durante los recreos y la organización de actividades extraescolares, e incluye más medidas disciplinarias, sin un aumento significativo en sus salarios, según denuncian los docentes.
Entre las reivindicaciones de los docentes está el aumento de los salarios en al menos 3.000 dirhams (unos 300 euros) de los alrededor de entre 7.000 y 7.500 dirhams (700 y 750 euros) que cobra un profesor de primaria o secundaria recién ingresado -el salario mínimo en Marruecos es de 3.111 dirhams para los funcionarios-, además de compensaciones por las tareas extraescolares, para contrarrestar el aumento de los precios.
Aunque el Gobierno modificó el borrador a finales de diciembre, en base a un nuevo acuerdo con los sindicatos, para añadir, entre otros, un aumento de salarios para todos los profesores de la enseñanza primaria y secundaria en 1.500 dirhams (unos 150 euros), la movilización no ha cesado.
Soluciones excepcionales
En un intento por zanjar la huelga, el Ministerio de Educación Nacional ha empezado a aplicar sanciones a los profesores, que incluyen una suspensión de empleo de entre 15 días y 4 meses y la privación del salario completo.
Hilali explicó que la decisión del Gobierno de ampliar el curso escolar una semana para recuperar los días perdidos no es suficiente para cumplir con los programas educativos.
Entre los factores que agravan la crisis está el hecho de que los profesores están representados por 23 coordinadoras no reconocidas por el Gobierno, mientras las autoridades negocian con cinco sindicatos tradicionales que no gozan de la confianza de la mayoría de los manifestantes.
El ministro de Educación Nacional, Chakib Benmousa, explicó el pasado lunes ante el Parlamento marroquí que ha establecido un plan de choque para gestionar el tiempo escolar y organizar los contenidos pedagógicos.
Este plan incluye varias medidas, entre ellas la prorroga de una semana del curso escolar, la reducción de los programas pedagógicos (entre un 20 y un 30 %), el refuerzo del apoyo pedagógico, la posibilidad de que los profesores impartan cursos de apoyo remunerados (200 dirhams por hora) y la revisión de la programación de exámenes.
Descontento de los padres
El presidente de la Federación Nacional de las Asociaciones de Padres y Madres, Noureddine Akkouri, quien asegura que la huelga afecta a 7 millones de estudiantes, lamentó a EFE que un gran número de familias han decidido matricular a sus hijos en escuelas privadas para garantizar su educación.
“Algunas de estas familias han recurrido incluso a créditos bancarios para meter a sus hijos en la privada”, afirma, y añade que la ruptura intermitente del curso escolar supuso una presión psicológica para los padres y los estudiantes”.
“Esperábamos que los profesores volvieran a las aulas después del último acuerdo (adoptado en diciembre entre Gobierno y sindicatos), pero hay coordinadoras de profesores que siguen en huelga”, agregó.
Mohamed Siali
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