CIUDAD DE MÉXICO, 14 feb (Reuters) -Amazon opera en México con prácticas a favor de la competencia y la promueve en el país latinoamericano, dijo el miércoles un representante de la compañía, un día después de que se conociera una investigación del regulador antimonopolio local que determinó que la empresa tiene una posición preponderante en el mercado.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) concluyó en una investigación preliminar que Amazon y MercadoLibre ponen barreras para la libre competencia en el sector del comercio electrónico minorista local, según un documento publicado el martes en el Diario Oficial.

“Las prácticas pro-competencia con las que operamos en México y en el mundo promueven la competencia e innovación en la industria minorista”, dijo a Reuters un representante de Amazon.

La fuente añadió que esas prácticas “han dado por resultado una mayor selección, mejores precios y entregas más rápidas para los clientes, además de mayores oportunidades para vendedores en todo el país”, y detalló que la compañía está al tanto del reporte del regulador y colabora con él.

En un comunicado emitido a última hora del martes, Mercado Libre dijo que estaba analizando el informe de la Cofece, que calificó como el inicio del proceso, prometió cooperar y dijo que aún si la junta directiva del regulador emitiera finalmente una resolución formal, no implicaría ninguna sanción económica.

Entre los obstáculos atribuidos a Amazon y MercadoLibre, Cofece señaló la artificialidad en componentes de los programas de lealtad de los marketplaces, la falta de información a la que tienen acceso los vendedores de las dos plataformas y la configuración actual de las soluciones logísticas del servicio de marketplace a vendedores.

Según la conclusión preliminar de la institución, los fuertes efectos de red entre usuarios constituyen “una barrera que limita la entrada de nuevos participantes y representa un desafío prácticamente infranqueable para la expansión de los actores más pequeños”.

La Cofece recomendó la aplicación de un programa de “medidas correctivas” a los gigantes minoristas, que deberían llevarse a cabo en un plazo de entre tres y seis meses.

 

 

 


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