Enrique Vidales 5 febrero, 2018

El día de hoy coinciden las fechas del hecho histórico con el calendárico para conmemorar un año más la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917. Un proyecto que fue impulsado en la presidencia revolucionaria de Venustiano Carranza con la finalidad de dar un cauce institucional a las luchas sociales y civiles de principios del siglo pasado. Un documento que varios historiadores y estudiosos del derecho comparado que insisten en que su redacción es de avanzada en materia de los derechos civiles y sociales.

En los regímenes de gobierno constitucionales se reconocen dos principios fundamentales. En primera instancia tenemos el orden jurídico se sustenta bajo el principio de supremacía constitucional que en palabras coloquiales afirma “que nada por encima, todo por debajo”. En otras palabras, la constitución o carta magna es la cúspide del sistema jurídico de donde parte, en cascada, los marcos jurídicos particulares. En otras palabras, en la constitución encontramos los principios o reglas más generales que después se desglosarán en los códigos, leyes, decretos, reglamentos y normas que sustentan toda la institucionalidad del país.

El otro principio se relaciona con la legalidad. La constitución marca los derechos y obligaciones tanto de los gobernados y los gobernantes. Establece el límite de la actuación de las autoridades en la relación con los ciudadanos. De tal maneta, que la autoridad solo puede hacer lo que la ley die que se puede hacer. Si una autoridad ejecuta actos que van más allá de las facultades que la ley otorga, entonces existe un agravio al ciudadano; por lo cual, es necesario invocar la defensa constitucional.

Pero todo esto ¿tiene significado real en la vida cotidiana del ciudadano mexicano?

Lo que se observa en la percepción de los ciudadanos es una gran desconfianza en las instituciones del estado y los marcos jurídicos que los sustentan. Si partimos que todo nace y se origina en la constitución, entonces, los ciudadanos dudan el valor del texto constitucional.

¿Cómo confiar en las leyes cuando vemos los escándalos de corrupción en los gobiernos estatales?

¿Cómo creer cuando las decisiones que se toman en los diferentes ámbitos de la vida pública, económica, política y social van en contra de los intereses genuinos y beneficios a la ciudadanía?

Parece burla que hoy se llenen los discursos políticos en afirmar que la constitución mexicana representa el pacto que sustenta a la federación, la división de poderes de la unión que dan gobernabilidad al país, que los derechos sociales y humanos son para los mexicanos las garantías que los ciudadanos tienen para defenderse.

La realidad sobrepasa el texto constitucional, porque el dispendio de los recursos públicos, el salario mínimo no da para subsanar las necesidades básicas, las leyes se deciden desde la perspectiva de las cúpulas del poder y de los partidos políticos y muchas situaciones más.

Hoy es un día de descanso, al parecer dentro del marco del festejo de la constitución, es el único beneficio real: no ir a trabajar por la constitución. Con la nueva legislación laboral, el puente está garantizado.

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