Una de las trágicas realidades que enfrenta nuestro país, alimentada por la corrupción que permea y coexiste con las autoridades de todos los niveles y ámbitos gubernamentales, es la creciente violencia desencadenada por la guerra entre grupos delincuenciales. La carencia de estrategias efectivas de contención y prevención, unida a las dificultades económicas para la subsistencia básica, así como a patrones de comportamiento cultural, son factores que mantienen al ciudadano común inmerso en el comercio ilegal de drogas.
Es innegable que la ilegalidad es una condición que acompaña inevitablemente la realidad y la experiencia humana y social. Las ansias de poder y riqueza siempre han estado presentes en la historia de los pueblos, al igual que los medios ilegales para obtener dichos beneficios y ganancias.
Como sociedad, debemos reconocer que hemos normalizado y sobrevalorado a los personajes y la narrativa del narcotráfico en nuestra vida social. A través de narcoseries y narcorridos, glorificamos a los delincuentes como grandes figuras, héroes dentro de la ilegalidad, dotándolos de superpoderes y estructuras de control social superiores a las instituciones públicas.
Lamentablemente, no se resalta la tragedia de sus vidas, los problemas diarios que enfrentan al estar inmersos en la clandestinidad, la destrucción de sus familias y la constante inseguridad que afecta a sus seres queridos. Esta realidad, aunque cruda, no genera el interés necesario para medir el éxito de una producción televisiva.
Como resultado, el mundo del narcotráfico se presenta atractivo y, ante la falta de oportunidades, trabajo y mejora social, se convierte en una opción para las nuevas generaciones ansiosas de participar en la obtención de riqueza, sin considerar que esta aparente acumulación de poder conlleva inevitablemente a la degradación de la dignidad humana propia y de quienes nos rodean.
Esta problemática social no exime la responsabilidad del Estado y sus instituciones, así como de las autoridades que las ejercen, por las omisiones y la corrupción que permiten la expansión de la delincuencia organizada en todas sus modalidades.
Aunque es comprensible que una confrontación frontal con la brutal maquinaria de seguridad del Estado podría tener consecuencias cruentas para la población civil inocente, es imperativo explorar otras estrategias de control financiero e inteligencia que no solo aborden la violencia directa, sino también el aspecto económico de los grupos delincuenciales.
Aunque el presidente propone una política de “abrazos y no balazos” con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y reducir la propensión de la población a recurrir a conductas delictivas por necesidad económica, es evidente que se ha hecho poco para erradicar las estructuras delictivas que controlan comunidades, líneas de comunicación y que cuentan con la complicidad de autoridades.
Es fundamental reconocer que México se encuentra en crisis. A diario, enfrentamos muertes, asesinatos y masacres como consecuencia de las luchas entre grupos delincuenciales. La población sufre violencia y vive en constante peligro, sin que las autoridades implementen acciones preventivas o persecutorias efectivas contra los delincuentes. Comunidades enteras se encuentran bajo el control de grupos del crimen organizado, coartando la vida cotidiana, sembrando la incertidumbre y generando inseguridad constante.
Es crucial aprender de la desafortunada experiencia de Ecuador, un país más pequeño que el nuestro, pero mucho más afectado por pandillas y cárteles de narcotráfico, lo cual ha desestabilizado la vida cotidiana.
En este momento, asumiendo una postura optimista antes de que la situación se agrave mucho más, debemos revisar las políticas públicas de seguridad y adoptar medidas preventivas efectivas. No podemos permitirnos permanecer indiferentes ante la posibilidad de enfrentar en el futuro una realidad similar a la de otros países. La fortaleza de nuestras instituciones gubernamentales debe ser preservada y fortalecida para garantizar un futuro más seguro y estable para todos.
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