Yucatán tomó la tarea en serio y fue la oportunidad de actualizar todo el marco legal en la materia, que ahora es modelo de transformación jurídica y conciliación entre los 3 poderes del Estado que coordinados lograron consolidar el cambio legal.
Sin embargo, en lo que respecta a la federación no se nota que exista interés, mucho menos cuando los intereses políticos han provocado la confrontación entre los Poderes del Ejecutivo y Judicial. Felipe Calderón ha acusado al segundo su falta de compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada, cuando en estricto derecho la responsabilidad de investigación ministerial se encuentra en las manos del Ejecutivo, y por principio penal la carga de la prueba la tiene la parte acusadora.
En el sistema tradicional de justicia en extinción el Ministerio Público, aún cuando se define con institución de buena fe, encargada de la investigación, no importaba que los expedientes integrados por la investigación se consolidaran con la tortura, la extorsión o la violencia coactiva para determinar la presunta responsabilidad que al final el juez avala en sentencia, sin que se pueda ofrecer medios válidos de prueba el “presunto culpable” para su causa. Si aún con esa capacidad coactiva el Ejecutivo no ha podido imponer su verdad en casos específicos, lo único que nos demuestra es la gran incapacidad en la etapa de investigación que le corresponde ejecutar.
En el nuevo sistema judicial las partes, acusadora y defensora, se controvierten en audiencias públicas y orales ante los jueces y tribunales, ejerciendo un control de una sobre la otra para aportar los elementos y argumentos que servirán para que el juez, en el momento tome una decisión al respecto del asunto que se le hace de su conocimiento.
Eso implica grandes cambios en la conceptualización, habilidades y actitudes de los intervinientes en el proceso penal, es decir, jueces, peritos, policias ministeriales o judicial, abogados, coadyuvantes, entre los más importantes.
La desarticulación entre los poderes Ejecutivo y Federal no permiten que existan las bases de conciliación y negociación para sacar adelante un cambio tan significativo a nivel federal. Es claro que la tarea le corresponderá al nuevo presidente que resultará electo el próximo 1 de julio.
Lo grave es que hasta ahora no hay ningún candidato que se haya pronunciado al respecto. Es entendible que hay otros aspectos más tangibles para el ciudadano común, como lo es debatir con respecto a la inseguridad, la falta de oportunidades en el empleo, la deficiente educación que se imparte en las escuelas, el problema del campo, la inflación y muchos más, que lo abstracto como es el concepto y problema de justicia queda en un plano inferior, por lo cual no es rentable políticamente hablando en términos de campaña política.
Sin embargo, es también cierto que nadie está exento de estar involucrado en un disputa legal. Además es bien sabido que la aplicación de justicia es una base fundamental de la sociedad, que así como puede atraer, también puede alejar inversiones que consoliden el crecimiento y desarrollo económico de una nación.
Pero todavía quedan algunas semanas, pocas, de campaña. Hagamos “changuitos” para saber cual va a ser el compromiso de los candidatos en materia de justicia, donde sin duda, es importante recomponer la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial. Tarea imprescindible no sólo para crear condiciones que permitan la reforma penal en la Federación, sino también, por el trabajo conjunto que ambos poderes del Estado les tocará realizar una vez logrado este importante cambio en materia judicial
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