La educación debe ser uno de los procesos sociales de mayor importancia para la sociedad. Una población sin educación pierde posibilidades de crecimiento y desarrollo. Cumple el proceso tanto en la conservación de los bienes culturales que distinguen a la sociedad, como también, propician el avance y evolución de la sociedad. En estos tiempos de globalidad y la tecnología se enfatiza en el enfoque de competencias en la educación. Lo que significa el propiciar el aprendizaje en los conocimientos, habilidades y valores y actitudes que hacen a un individuo capaz de desarrollarse personal o profesionalmente en la sociedad. Lo que implica que el maestro tiene un valor fundamental en la consolidación de dicho proceso.
La Reforma Educativa concretada por el Congreso de la Unión a propuesta de la presidencia de Enrique Peña Nieto fue un paso más de una transformación necesaria para consolidar ya cambios realizados en años anteriores. Recordemos que ya se había realizado cambios en los programas de estudio en todos los niveles del sistema educativo mexicano al igual que modificación en la formación de los estudiantes normalistas. Ajustes necesarios en el contexto de la globalidad, tecnología y competencia que se exige en la vida cotidiana.
Sin embargo faltaba tocar un tema sumamente sensible que eran los privilegios insanos para el sistema educativo fomentados desde la vida sindical del magisterio. Los que han criticado que la última Reforma Educativa fue laboral no se equivocan en su totalidad. Solamente que no fue en los términos únicamente laborales, sino que implicó una serie de medidas administrativas necesarias para fortalecer la acción educativa de los maestros.
Tradicionalmente se construyó en los últimos años una idea del magisterio como un refugio profesional que garantizaba certidumbre laboral sin importar se tenga o no vocación, habilidades y auténtico compromiso a favor de la formación integral de los estudiantes. Al final se tenían las mejores prestaciones, una seguridad en cuanto la remuneración por el trabajo realizado, más días de vacaciones que en otros campos laborales. A esto se le suma la complacencia de un sindicato, el mayor de América Latina, que por su poder y astucia de los directivos mantenían una influencia en la vida política del país. Bastaba ser agraciado en la planilla para gozar además de comisiones que permitían cobrar sin necesidad de trabajar frente al aula.
A partir de la Reforma Educativa las “reglas han cambiado”. Ahora se requiere de realmente ganarse con base en conocimientos y habilidades el derecho de una plaza. El espíritu del Servicio Profesional Docente, que ahora tiene rango Constitucional, debe procurar una mejor preparación del docente, que por consecuencia, se refleje efectiva y eficientemente en el trabajo áulico en beneficio de los estudiantes. Contra lo que se dijo no se ha privatizado la educación pública. Al contrario, en el actual presupuesto de 2015 se da un mayor impulso en recursos para mejorar la infraestructura educativa. Beneficios que se dará en la medida que se demuestre compromiso en los docentes y padres de familia a favor de la educación.
Pero en Oaxaca es un estado que se opone a esos cambios. Disidentes del sindicalismo oficial han secuestrado al sistema educativo oaxaqueño. Con lo cual han impuesto condiciones que atentan contra una auténtica dignificación de la vida docente. Las acciones de lucha emprendidas han atentado con la paz y la armonía social que ocasionan en lugar de simpatías un rechazo de la sociedad. Lo que vamos sabiendo día a día que van pasando es que la cerrazón en la defensa de los derechos resulta totalmente irracional, que no hay un interés genuino a favor de la colectividad, de la sociedad, alumnos y de ellos mismos.
En la Reforma Educativa se planteó que el pago de la nómina esté en manos de la Federación. Esto con la idea de quitarles a los gobiernos de las entidades federativas tan importante responsabilidad para un mejor control financiero del recurso económico. En esta semana las protestas elevaron su tono y campo de acción poniendo en riesgo la estabilidad del estado nuevamente. El motivo es la falta de pago que 13 mil 592 maestros. De acuerdo con la información oficial de la SEP en la entidad oaxaqueña hay 67 mil 408 maestros, sin embargo, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reporta un registro de 81 mil empleados. Como ahora se daría el pago por la información oficial los docentes que no aparecen en las listas de la federación no recibirían pago de salario. Vale la pena recalcar que la Sección 22 se opuso al censo de docentes. Ahora vemos fácilmente que hay cosas que ocultan, privilegiados que abusan del dinero público cobijados de la agrupación sindical.
No obstante, el gobernador Gabino Cué ha anunciado que los 13 maestros no tienen de que preocuparse ya que el pago correrá a cuenta de su gobierno. Es decir, solapa una posible irregularidad por la falta de control legal y político de esta situación que tiene en jaque y retraso educativo a todo un Estado. Maestros que están más preocupados por mantener las condiciones de privilegios que realmente enfocarse a la tarea educativa. Lo peor es que el gobierno lo solapa, por lo cual se convierte en cómplice de la irracionalidad e ilegalidad cuando debería anteponer con oficio político y ley en la mano los intereses colectivos y el bien público.
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