Cuando se habla de corrupción, inmediatamente se focaliza la discusión en la clase política. Aunque es más que claro que en estos hay una vinculación por lo que se espera de honradez y probidad en el acto público, tenemos que abrir la mente y la visión hacia nosotros mismos. Lamentablemente la corrupción parece ser un mal endémico y muy arraigado en la cultura popular.

Analicemos el caso de Joaquín Guzmán Loera y la campaña mediática que empieza a levantar solidaridad en su persona, cuando ya existe una sentencia que exige el cumplimiento de condena en prisión.

Pero primero contextualicemos en la historia de Pablo Escobar Gaviria. Un hombre que hoy la historia registra como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. El que de hecho industrializó el mundo de la cocaína expandiendo el modelo del “negocio” al mundo entero. A su muerte, miles de personas lo lloraron. Fue un sepelio que congregó a mucha gente, sobretodo humilde. Hasta hoy hay colombianos que lo recuerdan de forma positiva, agradecidos por las ayudas económicas y mejora en sus comunidades. Pablo Emilio Escobar supo ganarse la confianza de la población con dinero y donación de especie. No importa el daño social, la época de terror que sembró en el país, los que murieron bajo sus órdenes y tantos miles de jóvenes que destruyeron su vida por la droga que se vendió y distribuyó para darle a la familia Escobar los lujos y excesos.

Ahora, en el caso de Joaquín Guzmán Loera, se ha pretendido usar a mujeres para influir en la percepción mediática a favor de su persona. Tal es el caso de la hermana, la propia esposa en un canal hispano de Estados Unidos y una supuesta hija, igualmente en territorio norteamericano. Una de las demandas, por ejemplo, es el trato hacia el hoy detenido que no le permite dormir más de cuatro horas. Después de la fuga por el túnel debajo del piso de la prisión se ha estado cambiando continuamente a Guzmán Loera de celda. Lo que impide estar tranquilo y tener tiempo óptimos de descanso.

El sistema penitenciario debe garantizar a la sociedad su efectividad en cuanto la prevención en la evasión de los reos. Mucho más justificado lo anterior en una cárcel considerada de máxima seguridad. Sin embargo, no debe contravenir el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona. Aunque es igualmente puesto en la balanza el daño que provocó la conducta criminal en la sociedad. Pero nunca debe ser pretexto, en un sistema moderno penitenciario, para causar perjuicios innecesarios e inhumanos a los presos.

Al parecer la campaña mediática ha surtido efecto. Las autoridades han concedido una noche más larga al detenido. Sus abogados reconocen que es resultado de la campaña mediática. Pero afirman que dicha campaña no tiene la intención de chantajear al gobierno mexicano.

Pero parte de la sociedad ya empieza a reaccionar solidariamente con quien en sentencia judicial se afirma ha causado un daño a la sociedad. Un daño difícilmente de cuantificar por las familias que han sufrido la pérdida física de un integrante vinculado con las actividades criminales, así como de miles de talentos perjudicados en los jóvenes que han perdido su vida física, psicológica y social por el consumo de la droga.

Al parecer algunos han perdido la jerarquización de los valores sociales y jurídicos que nos deben conducir hacia la construcción y consolidación de una sociedad en armonía y paz social. Se dan prioridad a la solidaridad hacia donde no se debería priorizar.

A esa pérdida de valores sociales y morales es parte de la corrupción. No solo el término está limitado a las cuestiones de mala administración del erario o enriquecimiento ilícito de un político. Al final estas son expresiones o resultantes de la carencia de valores en la clase política responsable de esos actos.

Cuando la sociedad no sabe valorar lo que tiene, deja de pedir por una mayor seguridad, mayor probidad y honradez en los gobernantes, pero también, como sociedad deja de darle valor a las instituciones, marco jurídico y procedimientos que nos aseguran vivir en paz, con respeto a nuestra integridad y de los demás miembros de que la conforman.

Si pudiésemos llegar a ese nivel de compromiso, la base social sería la primera que exigiría a la clase gobernante con razones y hechos concretos el ejercicio de la práctica de gobierno sin caer en las garras de la corrupción.


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