A partir del año 2007 se dio un cambio y giro en la conducción política en la entidad. Después de un periodo de gobierno que aceptó que estaba experimentando y que, por lo tanto, se había cometido errores; el Estado de Yucatán retomaba un camino rumbo a la consolidación y desarrollo político, social y económico.
La última gran prueba ha sido la aprobación de un paquete de medidas para reforzar la seguridad que el Ejecutivo del Estado presentó con la denominación “Escudo Yucatán”.
En información previa es evidente que en Yucatán existe un clima de paz y armonía social. Como cualquier otra ciudad en desarrollo se han presentado problemas delictivos de alto impacto. Desde intentos de secuestro y homicidios, así como ataques de pandillas y robos a domicilios particulares y comercios. Una gran mayoría de casos han sido efectivamente resueltos por la autoridad. Los casos están ya en sentencia o en procesos judiciales para deslindar la responsabilidad. Inclusive algunos han sido resueltos de manera eficaz durante la ejecución de delito, como los intentos de privar ilegalmente la libertad de ciudadanos, sin mayores pérdidas en la vida y dignidad de las personas.
Por lo cual tenemos que reconocer lo que se está haciendo bien en la entidad en materia de seguridad. Como resultado los grupos empresariales, profesionales y sociedad civil organizada han entendido la propuesta y la dinámica de seguridad proyectada por el Ejecutivo para garantizar los derechos y obligaciones de los habitantes en la entidad. Hay consenso, coincidencia y suma de voluntades para continuar resguardando la armonía social que nos hace destacar como una de las entidades más seguras del país.
Los resultados que garantizan estabilidad, gobernabilidad y democracia están permitiendo nuevas inversiones en la entidad. Esto redunda en la economía familiar por la generación de nuevos empleos que propician desarrollo económico. Igualmente hay una política de desarrollo social que están beneficiando a miles de familias de escasos recursos con medios para mejorar la subsistencia.
La coordinación entre los tres poderes del estado – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – permiten garantizar un Estado de Derecho en la entidad y con ello la gobernabilidad de Yucatán. Hay diálogo político con madurez que va más allá de las diferencias partidistas. Los actores políticos no están para desunir, sino para pensar, proponer, analizar y consensar en el fondo de los temas de interés colectivo. Es un proceso de ganar – ganar, donde las diferencias se plantean y se resuelven para el beneficio de la colectividad y no bajo el prisma de un interés partidista y particular.
Se entiende que existan quienes no estén de acuerdo y asuman una posición de sonada diferencia sin mayores fundamentos. Al final eso es democracia. La libertad de tolerancia y respeto a quien piensa diferente, aun cuando sean una minoría o sean incapaces de sumarse a los esfuerzos que socialmente son responsables para el desarrollo comunitario.
Por ello el reconocimiento al Congreso del Estado que vive un clima de consenso, de diálogo y madurez política enmarcada en la pluralidad política. El electorado yucateco fue claro en su mandato. Decidió por conceder espacios a varios partidos políticos, pero al mismo tiempo, de exigir a cambio que exista negociación política y parlamentaria para dar resultados. Los actores políticos así lo han entendido. El desarrollo político no puede estancarse en la polarización. La estabilidad en el gobierno es que cada uno de los poderes asuma el compromiso de actuar en consecuencia a sus fines, proponiendo medidas que satisfagan las necesidades sociales.
Una vez anunciadas las propuestas e iniciativas de ley que las sostenían se emprendió una estrategia de socialización que involucró a diferentes sectores de la sociedad: abogados, comerciantes y empresarios, agrupaciones laborales, maestros, sociedad civil organizada. Todos hoy reconocen y celebran la concreción de acciones que nos ayudarán a los yucatecos a continuar siendo uno de los estados más seguros del país.
La seguridad no tiene color ni es potestad de sólo un partido político, como tampoco de un solo poder del Estado. Es la tarea de todos, inclusive de los habitantes que a diario realizamos nuestras actividades cotidianas.
La prevención del delito tiene que ver más con infraestructura que mejore la vigilancia y permita la acción investigadora, la certidumbre en la investigación pericial del delito, las leyes y la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El primero para las tareas de seguridad, monitoreo y vigilancia. El segundo, para realmente no dejar impune la comisión de un delito.
Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.
