En el caso del PRI, no se puede negar que Enrique Peña Nieto, el
gobernador del Estado de México, ha resultado atractivo para el
electorado. Lo malo es que desde hace tiempo su aspiración presidencial
es asumida, lo que ha ocasionado un desgaste de imagen; mucho más con
los casos tan sonados como la muerte de la niña Paulette, que afirman
algunos que se descarta la capacidad de sumar a la convocatoria lo
suficiente para garantizar un triunfo electoral en torno a su persona.
II. Lo que es cierto, es que faltan los resultados de la elección del 4
de julio próximo en 14 entidades federativas. Elecciones que han sido
calentadas por la situación jurídica de dos candidatos que afrontan
procesos judiciales siendo candidatos. Martín Orozco de Aguascalientes
que tiene dictado auto de formal prisión, pero que en interpretación de
la ley por el Tribunal Federal Electoral aplicando el principio de
presunción de inocencia y no contar aún con sentencia de juez, el
candidato panista cuenta con la capacidad de ejercer sus derechos
políticos como votar y ser votado.
Caso diferente del
candidato de una alianza de izquierda, Gregorio Sánchez, en el estado
vecino de Quintana Roo. Por una presunción de responsabilidad, derivado
de un testigo protegido, se ha vinculado al alcalde de Cancún en
licencia con actividades ilícitas y de delincuencia organizada. Si bien
la imputación tiene la capacidad de ser una prueba, hay muchas otras que
confirmarían la presunta comisión de un ilícito en la conducta de los
individuos. La poca información que fluye sobre éstas últimas causan la
suspicacia de que todo tiene un trasfondo político.
No pasemos por alto que la acción de la autoridad en contra de Greg
Sánchez es de orden federal, en manos del PAN; y por el contrario, el
Ejecutivo de Quintana Roo es príista. Si es una acción deliberada para
cortar las aspiraciones del perredista ¿hay coordinación, por lo menos
con fines electorales, entre PRI y PAN?
III. Pero también el caso de Gregorio Sánchez abre otro frente para
analizar cómo se procura y garantiza la justicia en este país. ¿Con
cuánta celeridad han actuado las autoridades para buscar fincar una
responsabilidad jurídica? ¿Es lo mismo con otros casos igualmente
sonados y de dominio público?
Tenemos un ejemplo con el caso del asesinato de la esposa del productor
de la serie Survivor, Bruce Beresford-Redman mientras ambos vacacionaban
en Cancún. Hoy el productor estadounidense es un prófugo de la
justicia, ya que liberada la orden de aprehensión, él ya salió del país,
por lo que la situación se complica en la posibilidad de no ejercerle
la acción penal y castigar efectivamente un crimen si en verdad se
comprueba legalmente la responsabilidad en los hechos.
A decir de los abogados representantes de Beresford-Redman la
procuraduría había tardado en la integración de un expediente, por lo
que colocaban a su representado en el limbo jurídico al impedirle salir
del país sin que de forma pronta y expedita se ejerciera alguna acción
legal a favor o en contra. Por lo tanto, el imputado logró salir del
país para regresar a los Estados Unidos y cumplir compromisos de
trabajo. ¿Acaso creía la autoridad que Beresford-Redman iba a estar
esperando a que terminaran de hacer su “chamba”?
Lentitud, burocracia… en un caso donde se nota que no hay intención de
la prontitud para evitar lo que ya pasó. Aunque se ve que se aplican
diferentes medidas, ya que es de notar la gran velocidad con que hoy,
otras autoridades, dan cauce legal al caso de Gregorio Sánchez.
En conclusión. México es un país sui generis. Donde todo pasa y no pasa
nada al mismo tiempo. Un país con altísimas contradicciones. Así de
simple.
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