Como muchos ya conocen por los medios de comunicación, el Gobierno del Estado, en conjunto con el Ayuntamiento de Puerto Progreso, presentaron en días pasados un proyecto de cambio en lo que será conocido próximamente como el antiguo malecón de Progreso. La idea es dotar de la infraestructura necesaria para que no se pierda interés comercial cuando se inauguré el nuevo malecón internacional.

Hubo objeción, principalmente por el dirigente de la Canaco, Oziel Nicoli Argüelles, que aun cuando fueron escuchadas las peticiones, y éstas fueron consideradas en una segunda propuesta, la negativa se tornó agresiva hasta llegar a impedir los trabajos de la maquinaria pesada con niños, bebes en su carriola, sin importarles que la vida de los infantes se expongan a un peligro de dimensión mortal.

¿No debería la autoridad actuar contra quienes han demostrado una total irresponsabilidad en el cuidado y protección de niños? ¿Para qué sirve la Procuraduría de la Defensa del Menor que no toma cartas en el asunto para tomar medidas cautelares como quitarle a la madre, que antepone sus intereses personales a su obligación de dar seguridad a sus hijos, e iniciar una investigación para el deslinde de responsabilidades?

No hay duda que la irracionalidad ha ganado a la prudencia y a la falta de argumentos que se caen en acciones de evidente desesperación que no tienen sentido, que afectan potencialmente la integridad física de quienes no tiene plena conciencia de sus acciones, y por lo tanto, dependen de la buena actuación de quienes deben prodigar una mayor conciencia y cuidado al menor. Si no hay estas últimas características en la persona y compromiso de los padres hacia los hijos, se les debería negar el derecho por no cumplir sus obligaciones, tal y como las mismas leyes y los tratados de defensa del menor ha firmado México.

Es verdaderamente condenable la falta de sentido común y la irresponsabilidad de los padres en este particular caso. Más de lo líderes que debería ser más conscientes de sus actos. La sociedad yucateca difícilmente podría aceptar que estas cosas sucedan en nuestra comunidad. Quien ha podido ver las fotos donde aparece la carriola con el bebe entre los escombros, con el riesgo de que una de las columnas derribadas previamente le cayera encima, condenan el hecho. No es admisible ni genera ninguna solidaridad.

Pero aquí no terminan las cosas. Es llamativo que ante los ojos de los progreseños, que se congregaron alrededor a estos hechos, pudieron ver como el infante empleado como escudo humano fue introducido en un vehículo oficial de la SEDESOL. Con esto el caso se complica más, ya que es sencillo presuponer violación a las normas jurídicas de funcionarios públicos en su participación y uso de vehículos oficiales, que hacen responsable a la misma secretaría federal de posibles comisiones de delito.

¿Este es el Estado de Derecho que deseamos construir en Yucatán?

Un Estado de Derecho donde se piense y se ejecuten acciones con total irresponsabilidad suponiendo que nada nos va a pasa.


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