Hace algunos años, por la década de los 90’s, una persona me dijo “si los panistas no ganan elecciones es porque no tienen un buen equipo de abogados que les ayuden a dar certidumbre jurídica a los procesos electorales”
Hoy hay cosas que no cambian. Aunque el PAN ya logró ser gobierno en los tres niveles de gobierno, es muy claro que en el caso de Yucatán aún no cuentan con un buen equipo de especialistas de derecho que les brinde una buena, óptima y eficaz asesoría jurídica.
Vemos el caso del intento de inhabilitación a Doris Candila que no pudo traspasar el ámbito municipal, aún cuando se procuró vender en los medios de comunicación que era la evidencia del gran desvío de recursos en la administración de Angélica Araujo. Un simple error administrativo que fue subsanado, de forma más que absurda para el equipo de abogados del Ayuntamiento. La supuesta quejosa admitió como suya una firma de recibo, por lo cual no había motivo de seguir con el litigio, por lo no se pudo acreditar una responsabilidad penal.
En fechas recientes el diputado federal Raúl Paz, uno de los suspirantes al municipio meridano, anunció con bombo y platino un amparo en contra del aumento al transporte público, porque decía que atentaba contra la economía de los meridanos. Sin embargo, el tribunal no aceptó y desechó el recurso de protección constitucional.
Regresando al Ayuntamiento de Mérida, el nivel de incompetencia es mayor con los procesos de luminarias donde dos entidades han emprendido demandas contra la administración de Renán Barrera. Primero la empresa AB&C Leasing que ha logrado que los tribunales le concedan la razón en cuanto es vigente el contrato de arrendamiento por las lámparas, por lo cual el Ayuntamiento está obligado a continuar pagando. A este caso específico se suma el nuevo litigio de Banco Santander, que como empresa de factoraje financiero hoy demanda el cumplimiento igualmente de pago del contrato, de un solo jalón por más de 400 millones de pesos.
A estos, reveses jurídicos evidentes, se le suma la pifia de demandar desvíos de dinero público, para responsabilizar penalmente a Angélica Araujo, directamente a la Fiscalía del Estado, cuando la primera instancia para conocer del caso sería la Auditoría Superior del Estado, quien se encarga de la supervisión de la cuenta pública. Además, por más que se investigue a Angélica Araujo, no hay que olvidar que la ex funcionaria municipal hoy es senadora, por lo cual se requiere de la Declaración de Procedencia del legislativo federal para ser sujeta a proceso penal, y así lograr lo que los panistas más fundamentalistas quieren: verla en la cárcel.
Es más que evidente y contundente que el panismo, y más en el administración municipal de Renán Barrera no hay un buen equipo de abogados. Procesos se pierden por no sujetarse a las normas legales, por estar mal fundamentados y motivados. Al igual que sucede con las decisiones que se toman desde la presidencia municipal que se ve claramente que no hay una análisis jurídico previo de forma serio y responsable a las consecuencias que conducen a aquellas.
El colofón a esta historia fue la detención del apoderado legal del Ayuntamiento, del mismo que había interpuesto la demanda contra Angélica Araujo, en una fiesta donde se denuncia hubo alcohol y drogas.
De esta forma ¿qué puede esperar el ciudadano? ¿Se resguarda el interés jurídico público desde el Ayuntamiento?
Con todos estos hechos, que demuestran incompetencia total, en verdad, lo dudo.
AL CALCE. No hay que olvidar que Renán Barrera cuenta con derrota legal en el pasado que lo obligo a pagar por daños y perjuicios, además de disculparse públicamente, a favor del empresario Ricardo Dáger Nahum. El caso fue la exhibición en la campaña del 2006 de anuncios que resultaron difamatorios y calumniosos en contra del empresario, donde Renán Barrera figuraba como un orquestador de una campaña electoral sucia.
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