Aguililla es una población que se encuentra en la llamada zona caliente de Michoacán y que hoy es la evidencia de la inacción de las autoridades, federales y estatales, para combatir y detener la delincuencia organizada.

La población de Aguililla es rehén de conflictos entre grupos delincuenciales que se disputan el control del territorio de la llamada tierra caliente, sin que ninguna de las autoridades tanto federales como estatales puedan poner un alto.

Al parecer, según informes de lo que se puede conocer de esta situación, la población sufre de falta de luz, agua potable y hasta de teléfono. Las vías de comunicación terrestre están siendo controladas por retenes de las bandas de delincuentes quienes deciden quién entra y quién sale. Con todo este escenario es claro que ya no hay autoridad, que no existe ni estado de derecho al claudicar las autoridades de los tres niveles del Estado mexicano de su tarea constitucional de poner orden y castigar a los responsables que alteran la paz y la armonía social.

¿Qué espera la federación para salir en el auxilio de la población de Aguililla para liberarlos del control de la delincuencia organizada?

¿No tiene la capacidad coactiva y de control las fuerzas del orden público para poner un alto a esta atrocidad?

Ya el presidente se ha pronunciado con un llamado a los grupos delincuenciales para que no se estén peleando entre ellos y que sus diferencias se resuelvan con el diálogo. A lo que irremediablemente nos puede llevar a la inferencia de que el diálogo no ha podido ser fructífero entre los grupos en conflicto, sino tampoco entre el gobierno con ellos. Lo que, agotado esta instancia conversacional, no queda más camino que el uso de la fuerza coactiva para imponer el orden y someter a quien violente la ley y altere los derechos y la vida pacífica que habitantes de Aguililla se merecen.

¿Acaso es mucho pedir?

A partir de la elección del pasado 6 de junio, algunos actores políticos han manifestado la posibilidad de un narcoestado al suponer una vinculación entre los grupos y el régimen de gobierno. La inacción en Aguililla para imponer orden podría llevar a la confirmación de lo anterior.

¿Qué espera el gobierno para actuar?

¿Requiere hacer otra consulta popular?

 

 

 


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