Pero en la realidad, por la deficiente administración así como la politización de la educación, resulta difícil cumplir con ese criterio. Mucho más con aquellos sectores más vulnerables, es decir, a los que se cree que no tienen derechos, entre los que destaco a las personas que tiene una discapacidad física o intelectual. Es triste que aún sigamos pensando que son personas de segunda o tercera clase, que no tiene mínimas oportunidades para valerse por sí mismos que los “normales”. Les negamos su derecho a la salud, educación y a lograr una condición digna de vida.
Estoy de acuerdo que existen personas con discapacidad que no lograrán ser del todo independientes, que necesitarán de por vida la asistencia de otras personas para satisfacer hasta las mínimas necesidades básicas humanas, ¡pero no son la mayoría!. Un alto porcentaje de ellos si tienen capacidades, aunque mínimas pero suficientes, para alcanzar una condición de vida que los hagan hombre y mujeres productivos para ellos mismos y las familias de donde provienen.
Por ello se requiere que toda la sociedad y especialmente de las autoridades educativas, así como de las organizaciones magisteriales, garanticen los espacios de desarrollo educativo de estas personas como también vigilar que se cuenten con los especialistas adecuados y preparados para ejercer las tareas de apoyo y asesoría.
La reducción de esos espacios, por fines de presupuesto o compromisos políticos, es un atentado no solo a los lineamientos de nuestra Carta Magna sino a la misma dignidad de la personas que más nos necesitan.


Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.

 

 

 

 

Artículo anteriorUrgente salvar a la familia como organización social fundamental
Artículo siguienteQue no se callen