Durante el último fin de semana las dirigencias del SNTE estuvieron activas solicitando a los maestros de educación básica – primarias y secundarias oficiales – la firma para un supuesto amparo contra la reforma laboral. Sin decir más ni enseñar el texto de la demanda de amparo miles de maestros estamparon siete firmas, entregaron copias de la credencial de elector y del último talón de cheques.
Sin embargo no hay motivos ni materia jurídica ni política para que los maestros ejerzan esa instancia de control constitucional. No hay que olvidar que la reforma laboral pudo ser posible gracias al voto a favor que le diera la senadora Monica Arriola Gordillo, representante del PANAL, el partido que todo mundo sabe y es consciente surge del movimiento sindicalista del SNTE, y que además, es hija de Elba Esther Gordillo. Evidente la doble moral y el juego perverso de quien se ostenta como lideresa vitalicia.
Si analizamos la materia jurídica hay una tremenda confusión entre los maestros propiciada por el mismo SNTE y la ignorancia de los docentes con respecto a las cuestiones jurídicas. En su intento de recabar firmas han confundido el contenido medular de las reformas laborales y educativas. Para moverse a favor de los intereses han recurrido al temor de un ejercicio de evaluación para justificar que vienen los despidos injustificados.
Es cierto que el artículo 123 Constitucional establece la posibilidad de despedir a los trabajadores siempre y cuando se haga en los términos que la misma ley establece. Dichos términos de ley están establecidos en la Ley Federal de Trabajo en el artículo 47 donde claramente se establece entre otros motivos de despido el caso de los trabajadores que llegan alcohólicos, que cometen actos deshonestos, lascivos, con drogas o enervantes injustificados, que dolosamente engañan al patrón.
¿Es correcto que permitamos que existan maestros que cumplan con esos supuestos? ¿Es violación constitucional permitir ese tipo de trabajadores? ¿En dónde queda el derecho de los niños de recibir una educación con calidad?
Es muy claro que hay quienes tienen un temor fundado con respecto a la evaluación y las consecuencias que contrae. Los que han tomado a la educación más como un medio de vida cómodo sin intereses de superarse ni comprometerse a mejorar el proceso educativo, en contrasentido de lo que debe ser la vocación del magisterio y la procuración de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De forma concreta hay que precisar que un amparo, según la misma Ley de Amparo y los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia, establecen como principios rectores la instancia de parte y el agravio personal y directo. La primera es que debe ser iniciada por quien se considera un perjudicado en sus garantías constitucionales, en un hecho que sea de realización concreta, no abstracta, que se de en pasado o en el presente, o por lo menos de manera inminente, que no deja lugar a la suposición ni a los hipotético de lo que sucedería cuando es incierta la situación.
Los maestros deben saber que hay medios que protegen a los trabajadores de las decisiones que intente ejecutar la autoridad educativa. Conozco de una situación jurídica donde la SEP perdió un juicio laboral por el despido de un maestro de educación física, con 20 años de servicio, pero que había falsificado el certificado de bachillerato, precisamente por haber pasado ese tiempo sin que se le detectará la falta que había cometido. Ya había caducado el tiempo de rescisión de un mes por motivo de haber engañado al patrón.
Si un trabajador paso el periodo de prueba, ya tiene su base en firme, es obligación del patrón de darle toda la capacitación posible para el mejor desempeño de su trabajo, así como también, del trabajador de tomar, participar y ejecutar lo aprendido en dichos cursos.
Una evaluación educativa tiene como objetivo general detectar la situación real que comparada con el ideal que se pretende en el proceso se tengan elementos para tomar decisiones. La mejora en un proceso se logra cuando se disminuye la brecha entre el ideal y la realidad.
Entonces ¿es mala la evaluación educativa para el magisterio? Pues, para quienes quieren seguir siendo los zánganos y “huev..” del sistema si hay motivos más que fundados. Los que si saben trabajar y hacer honor a su nombres, no le temen a la evaluación, ya que está les permite conocer deficiencias y tomar las mejores decisiones para mejorar.
Si aún queda duda, hay un marco legal laboral que protege a los trabajadores. Pero es claro que al SNTE no le importa defender a sus trabajadores sino aprovecharse de la buena fe, la ingenuidad e ignorancia en materia legal de los maestros.
AL CALCE. No se olvide que una de las reglas, por sentido común, es nunca firmar un documento en blanco. Hasta ahora, incluso los maestros que firmaron el supuesto amparo, desconocen el texto de la demanda.
Resulta curioso escuchar, por radio, a otro dirigente del SNTE que sugiere que el término de presentación del amparo se amplíe, lo que es un absurdo legal ya que los términos en el amparo son improrrogables.
Y cuestionada una dirigente del SNTE por un maestro del por qué ahora se pide la protección de la justicia federal cuando la senadora del PANAL pudo, con el voto en contra, frenar la reforma laboral, la respuesta fue “… se ve que no lo voy a convencer, por que sus cuestionamientos son muy profundos” En otras palabras, mientras más borregos sean los maestros a favor del SNTE, la cosa es más fácil para aprovecharse de la buena fe, la ingenuidad y la ignorancia – en materia legal – de los docentes.
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