Hoy el caso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, donde el proyecto inicial para ser sometido en la discusión se plantea la liberación de la francesa, toda vez que no cumplieron las formalidades que la autoridad debió acatar.
La PGR, ayer mismo, en un comunicado, exhorta a la SCJN que no olvide a las víctimas, con el argumento de que un vídeo no es más que suficiente para no considerar el daño causado a la sociedad, por lo que su liberación sería un golpe a la procuración de justicia en nuestro país.
Pero tampoco se puede pasar por alto que la procuración de justicia debe estrictamente regirse con lo dispuesto en los códigos de procedimientos penales ya sean federales o estatales en su caso que están sustentados en el orden constitucional y respeto de las garantías individuales y derechos humanos que emanan de ella. No hacerlo es caer en la caracterización de un estado totalitario, donde por simple voluntad de imperio impone el orden, sin que medie las garantías fundamentales y los derechos de quienes acusa e intenta procesar.
Por lo tanto, el intento de justificación de la PGR cae en el absurdo que se ya se creía superado en la evolución supuestamente más humana a la que debe tender la aplicación de la justicia. Es grave reconocer que para el actual régimen, en el fondo, no existe una mayor diferencia entre el “mátalos en caliente… después averiguas” con lo que ahora esta sucediendo en el país. Por lo que la justicia no puede queda en manos de quienes no procuran mejorar los procesos de acusación, de investigación judicial y probatorio.
En ese sentido, la defensa de Cassez ha logrado encontrar el “punto de Aquiles” y con ello destrabar a favor de la acusada y condenada un motivo para su posible liberación. Lamentable que hoy la PGR sea exhibida y cuestionada en su competencia de combatir la delincuencia con estricto apego a derecho. Igualmente pretenda justificar una decisión evocando el apego o empatía emocional con las víctimas. Si así verdaderamente fuera, el primero que debería pedir perdón ante el dolor de las víctimas es la misma PGR, que por querer lucirse llevo la situación hasta un punto de indefensión de los intereses de la sociedad.
En tal caso, debe ser acusadas para ser presentadas ante la justicia mexicana las autoridades de la policía que permitieron que esta situación llegará hasta este nivel por los vicios en el procedimiento, que hoy la SCJN en su papel de ser garante del orden constitucional, puede determinar la liberación de una delincuente ya condenada, pero cuyo proceso desde el principio no se le garantizó el respeto de las garantías individuales y derechos humanos.
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